Roberto Fuentes Vivar
Collado, Fernández, Aguadé, Gurría, CSG y EPN
Alimentos, Leche, turismo, modelo, aguas, arquitectos
Ahora que se ha comenzado a destapar la podredumbre en la Caja de Ahorros La Libertad (y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), que involucra (según las declaraciones del empresario defraudado Sergio Hugo Bustamante Figueroa) a personajes como los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, al abogado Juan Collado y a Jaime González Aguade, hay varios puntos que deberían analizarse e investigarse.
Concretamente es necesario que el actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma, indague a fondo cuál ha sido el papel de sus antecesores en el lavado de dinero y en la laxitud con la que las autoridades permitieron que instituciones financieras (principalmente Sociedades Financieras Populares, como La Libertad) que fueran defraudados entre 600 mil y dos millones de ahorradores.
Nada más para recordar la historia: la CNBV fue creada en mayo de 1995 (al unirse la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión Nacional de Valores) “con el mandato de supervisar y regular a las entidades que conforman al sistema financiero mexicano”.
Pero nació podrida: su primer presidente, Eduardo Fernández García (de 1995 a 2000), fue detenido en febrero de 2003, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), específicamente de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero (UELD), por estar involucrado en la opacidad financiera para la campaña presidencial de Vicente Fox. ¿Quién cree usted que fue su abogado? Pues nada menos que Juan Collado, el ahora detenido por su probable responsabilidad en los delitos que delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El segundo presidente fue Jonathan Davis Arzac, quien encubrió muchos de los fraudes que se trasladaron como deudas al Fobaproa, al dejar deliberadamente que prescribieran más de 421 presuntos delitos bancarios. Además se negó a entregar información sobre el famoso PemexGate (los fondos del sindicato petrolero para apoyar al PRI en 2000). Nuevamente aparece en ese momento en escena Juan Collado como abogado del líder de los trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps.
El tercero fue Roberto del Cueto Legaspi, quien duró poco tiempo porque se fue al Banco de México. El cuarto fue Guillermo Babatz, quien justificó el escándalo de HSBC por el lavado de cuatro mil 100 millones de dólares (incluido el caso de Zhenly Ye Gon) al no denunciar por la vía penal a funcionarios de HSBC; Incluso dijo después que él y sus empleados “sólo incurrieron en faltas administrativas”.
A él lo sustituyó Jaime González Aguadé, quien duró casi todo el sexenio pasado y en 2014 eximió a la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Libertad Servicios Financieros de los señalamientos por presuntos actos de lavado de dinero. En ese momento, una juez federal negó el amparo a siete empresas de los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, integradas en un fideicomiso en el Deutsche Bank, quienes habían solicitado la protección de la justicia federal para que les fueran descongeladas una decena de cuentas bancarias aseguradas como parte de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de dinero relacionada con el caso Oceanografía. Los Rodríguez Borgio (zares de los casinos y copropietarios de la Caja Libertad) fueron vinculados con el caso de Oceanografía por ser socios de Martín Díaz Álvarez en la empresa GGM Energy, que tenía 15 por ciento de las acciones de la compañía de servicios petroleros de Amado Yáñez (Oceanografía). Ahora González Aguadé es socio de la Caja Libertad.
El caso actual, que llevo a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera a la detención del abogado Juan Collado consiste en supuestamente haber operado directamente el desvío ilegal de fondos de Caja Libertad a distintas entidades mercantiles, simulando operaciones de compraventa de inmuebles y créditos por medio de “un elaborado esquema operativo” para lavar el dinero. Los recursos se habrían triangulado a España y al paraíso fiscal de Andorra.
Uno de los defraudados de Caja Libertad, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, fue quien declaró que detrás de esa institución financiera estaban Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari. Además, explicó (en la indagatoria FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/
La Financiera Libertad, tiene una membresía de 2.1 millones de clientes y activos por 11 mil 757 millones de pesos, es decir 36 por ciento del total del sector. Es la más grande del país, pero, también cuenta con un Índice de Morosidad de 14.54 por ciento, uno de los más elevados en este tipo de instituciones y representa un riesgo para todas las Sofipos y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) No Reguladas.
Para los arriba todo; para los de abajo, nada
Lamentablemente, al igual que Jaime González Aguadé (quien renunció a la CNBV para irse a la campaña de José Antonio Meade a la presidencia de la República) casi todos los expresidentes de esa institución han sido benévolos con los arriba y malévolos con los de abajo.
Por eso, existe un número no determinado de ahorradores defraudados a quienes no sólo la comisión, sino el propio gobierno mexicano y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les han dado la espalda.
No sólo están los casos más conocidos como el de Ficrea (que por cierto hace unos días su propietario intentaba dar más inmuebles para los afectados para salvarse de la cárcel), Sefise o Coofia, sino que hay cientos (quizá miles) de asuntos en donde las autoridades poco han hecho para proteger a los ahorradores. Quizá el más reciente es el de Proyecto Coincidir, que afectó a 33 mil 175 clientes.
La primer burbuja de los fraudes realizados por sociedades financieras (reguladas y no reguladas, porque en ese entonces no había normatividad) fue en el año 2000, cuando incluso se creó un Consejo Nacional de Ahorradores (CNA), integrado por ahorradores de 13 estados, el cual pidió juicio político contra el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, por sus “comprobadas omisiones” en la regulación y vigilancia de las cajas populares, “causando perjuicios graves a la sociedad”. En ese entonces se calculó que podía haber un millón y medio de defraudados.
Desde entonces se han sucedido diversos fraudes. Hace cuatro años, durante un foro en el Senado se concluyó que “en México es imposible conocer el número de ahorradores defraudados por cajas populares, debido a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no cuenta con un censo confiable y no sabe lo que está pasando”. Ahí incluso se mencionó que el monto defraudado a ahorradores podría superar los 25 mil millones de pesos. Se estimó que eran más de dos mil las cajas de ahorro que han defraudado a sus clientes.
Desde luego que el caso más conocido es el de Ficrea que llegó a tener hasta departamentos en los inmuebles de Donald Trump, pero hay una cantidad tal de fraudes de tal magnitud que tan sólo en Oaxaca se calcula que hay 400 mil afectados y el Frente Único de Ahorradores Defraudados de Oaxaca ha detectado anomalías en 83 instituciones financieras como cajas de ahorro, Sofipos y Sofomes.
Un cálculo conservador podría ser de alrededor de 600 mil defraudados, aunque si se toma en cuenta que en 2000 había un millón y medio, el número podría ser de hasta dos millones de afectados.
Si bien hay instituciones como la Asociación Mexicana de Financieras Especializadas que alertan a los posibles clientes para que tomen precauciones antes de invertir, las autoridades como la CNBV han sido condescendientes con los fraudes.
Por eso ahora, con el escándalo de la Libertad valdría la pena que el presidente de ese organismo, Adalberto Palma, retome el caso de los defraudados y no actué como sus antecesores, para quienes la divisa parecía ser: a los arriba todo, a los abajo nada. Dice el filósofo del metro: Los pillos en la calle y los defraudados quebrados.
Tianguis
En varias ocasiones he comentado que uno de los puntos débiles del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de la IV Transformación es el de las compras de gobierno. Al respecto recibí una información sobre la adquisición de alimentos que señala que Jorge Carlos Fernández, que dirige la empresa El Sardinero, ha presentado en las mismas licitaciones a varias de sus empresas, es decir que se compite a sí mismo. Esto ocurrió en el año 2018, cuando la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes invitó a cuando menos tres personas para la adquisición de despensas alimenticias y, supuestamente las tres pertenecían a Grupo El Sardinero. Hay una persona llamada Alicia Cano Santiago que aparece como delegado de la asamblea de accionistas de El Sardinero y como accionista y apoderado o como representante legal de las empresas Productora Procesadora Agrícola de México, Comercializadora El Sardinero, Productora Procesadora Agrícola de México. También en Surtipractic, empresa de El Sardinero, a la que se le rescindió un contrato para proporcionar alimentos a las unidades hospitalarias y guarderías de la Delegación Sur del IMSS, por supuestas fallas en la ejecución. Ahora Surtipractic se ha convertido en una de las empresas consentidas de la IV Transformación para suministrar alimentos, mediante adquisiciones directas. Ojalá esta empresa aclare esta situación… Interesante que el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, definió la mecánica de operación del “Programa de Desarrollo de las Cuencas Lecheras”, para elevar la productividad y reducir los costos de distribución del lácteo. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la banca mexicana, intentarán mejorar la cadena de producción de leche en Tabasco (en una primera etapa, junto con Chiapas y Veracruz), específicamente, en la región de la Chontalpa. El programa ofrecerá financiamiento accesible a toda la cadena productiva, desde granos, pastizales, equipo de ordeña y de enfriamiento, instalaciones y mejora genética del hato ganadero, con el apoyo de banca comercial, banca de desarrollo, sector ganadero, proveedores, genetistas y la industria lechera, de la mano de los gobiernos local y federal… El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados de las Encuestas mensuales relacionadas con el turismo, en las que destaca que en mayo ingresaron al país siete millones 766 mil 744 visitantes. Llama la atención que el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un monto de mil 937.2 millones de dólares, lo que representa una variación anual positiva de 14.7 por ciento… El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, dijo que “estamos en la ruptura del sistema neoliberal, nos encontramos dentro de una nueva transformación y urge centrarnos en el debate para solucionar los problemas a los que se enfrenta México”. Es decir que llamó a debatir sobre el modelo económico, lo que suena interesante. En la sesión de la Comisión Permanente, el legislador dijo que “cada funcionario tiene su estilo; en esta ocasión el ex titular de Hacienda decidió hacerlo así y está en su plena libertad, pero no saquemos conclusiones precipitadas”… Fuerte el mensaje de La Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana (FCARM) que ve con preocupación que la mayoría de las dependencias e instituciones que integran la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal (federal, estatal y municipal) están utilizando de manera creciente, a diversas instituciones de educación superior y a organismos públicos descentralizados, como prestadores de servicios profesionales relacionados con la obra pública, cayendo muchas veces en el delito de suplantación del ejercicio de la práctica profesional de la arquitectura en México. Incluso mencionó que muchos de los acuerdos entre secretarías de estado y universidades “restan en la oferta, demanda y viabilidad laboral y económica de los verdaderos profesionales, lo que deriva en una situación de daño económico al estado”, según Aldo Paul Ortega Molina, presidente de la Federación… En el Foro Universitario para la construcción de una Ley de Aguas Nacionales bajo el lema “Legislar para preservar y garantizar el acceso al agua”, el rector interino de la Universidad Autónoma Chapingo, Bernardo López Ariza y el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Feliciano Flores Anguiano, advirtieron que en México cada día crece el “cáncer silencioso del conflicto social por falta de agua” por lo que urge una ley donde no habrá privatización de agua. En este encuentro se busca concretar una iniciativa de Ley ciudadana, que emane del consenso, para que sin privatizaciones se garantice el aprovechamiento sustentable del agua… La diputada del PT Mary Carmen Bernal Martínez, dijo que es necesario realizar un programa de formalización del empleo para respaldar a los trabajadores de la Cámara de Diputados que llevan más de 20 años laborando y no cuentan con una base, pues se encuentran en estado de vulnerabilidad debido a los recortes… Durante el primer semestre de 2019, JAC México, marca de origen chino comercializada por Giant Motors Latinoamérica (GML), reportó un crecimiento en ventas del 70 por ciento contra el mismo periodo del año pasado gracias a la comercialización de los cinco vehículos que actualmente se ofrecen en nuestro país.
