domingo, diciembre 8, 2024

DIARIO EJECUTIVO: Periodista Domínguez: crónica de infamia

Roberto Fuentes Vivar

La única coincidencia es Genaro García Luna

Licitaciones, Balanza, Minería, Beyruti, Toledo

Uno de los asesinatos a periodistas, cuyas investigaciones despiertan más polémica, es el de Carlos Domínguez Rodríguez en Tamaulipas, pues las autoridades no sólo han fabricado culpables, sino que ya derivaron en la muerte de otro periodista inocente y hasta en la presentación de una solicitud de Juicio Político al gobernador de esta entidad, Francisco García Cabeza de Vaca.

El caso fue presentado incluso ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le pidió le pidió al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero atender el asunto (bastante espinoso) a la brevedad posible

De acuerdo con declaraciones de familiares (tanto del periodista asesinado, como de los detenidos), del periodista Andrés Solís (quien ha dado especial seguimiento al asunto) y tras haber analizado varios documentos que se han expuesto ante la opinión pública, presentó a continuación lo que podría considerarse la “crónica de una infamia”.

El 13 de enero de 2018 fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Carlos Domínguez Rodríguez, quien era periodista independiente. Anteriormente había trabajado en el Diario de Nuevo Laredo y en periódicos guerrerenses como el Sol de Acapulco y Última hora.  Ese mismo día se dijo que el asesinato había sido con arma de fuego. Más tarde se comprobó que la muerte se debió a 24 heridas con arma punzocortante.

El mismo 13 de enero, a las 19:00 horas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca prometió que el crimen del periodista no quedaría impune y que pondría especial énfasis en su resolución.

El 14 de enero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Tamaulipas medidas cautelares para proteger a los familiares del periodista.

Entre el 14 y el 16 de enero organismos de periodistas, así como la delegación de la Unión Europea y las embajadas de Noruega y Suiza en México condenaron el asesinato del comunicador.

El 17 de enero, un supuesto testigo, Juan Carlos Yáñez Osornio dijo haber estado ese día en la ciudad de Pachuca, Estado de México (sic) con otros dos hombres, Adrián y David, quienes le confesaron que ellos habían matado al periodista, pagados por “El Rorro” Jorge Alfredo Cantú García, tío del ex presidente municipal de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas.

El 18 de enero los restos de Carlos Domínguez fueron sepultados en el poblado de Nuxco, en Tecpan de Galeana, Guerrero.

Por esas fechas, el gobierno de Tamaulipas ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quien pudiera aportar información sobre los responsables del crimen.

El 31 de enero Natanael Isaí Castelán Iturría, hoy director general de Procedimiento Penal y Acusatorio Oral de la procuraduría tamaulipeca, ordenó cambiar al agente del Ministerio Público responsable de la investigación y a partir del uno de febrero de 2018, Ramón Gómez Ochoa fue el nuevo agente, que recibió la carpeta de investigación 52/2018 y se le asignó la nueva identificación del caso como COORDVIC/02/2018 para continuar con la investigación por el homicidio. Castelán había sido en 2015 abogado defensor de Juan Carlos Yáñez Osornio, quien en ese momento era delegado de la Policía Acreditable en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, y había sido acusado de secuestro. Incluso los abogados Castelán Iturría, y Jorge Alberto Lara Rivera pidieron al gobernador priísta de Tlaxcala, Mariano González Zarur que interviniera pues se estaban fabricando culpables como Carlos Yáñez.

No se sabe la fecha exacta, pero por “entregar” a los asesinos materiales de Domínguez Rodríguez, el supuesto testigo de la procuraduría, Carlos Yánez, habría recibido una recompensa de dos millones de pesos de parte de las autoridades tamaulipecas.

El 27 de marzo se giró orden de aprehensión contra seis personas, por ser los probables autores intelectuales del homicidio del comunicador. David “N” y Adrián “N”, quienes habrían participado como autores materiales del homicidio, y los cuatro restantes, Gabriel “N”, Luis Ignacio “N”, Juan Jesús “N” y Rodolfo “N” habrían participado en la organización y planeación de los hechos. Tres de ellos son están relacionados con el ejercicio periodístico.

El 28 de marzo fue detenido, con lujo de violencia y en Zacatecas, Adrián Montes Fernández. También fue aprehendido David Mejía Bravo, amigo de Adrián, quienes fueron señalados por un único testigo del caso, Juan Carlos Yáñez, como participantes en el asesinado del periodista Domínguez. La esposa de Adrián asegura que el 13 de enero de 2018, su marido estaba con ella en Zacatecas, es decir más de 600 kilómetros de distancia del lugar en donde se realizó el homicidio.

Ese mismo 28 de marzo, Ricardo Sánchez del Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), en conferencia conjunta con Irving Barrios, procurador de Tamaulipas, señaló que el periodista Carlos Domínguez Rodríguez pudo ser asesinado por su trabajo periodístico. Se supone que el periodista asesinado investigaba a la familia Cantúrosas.

El 14 de abril de 2019, uno de los periodistas apresados por el caso, Gabriel Garza Flores, murió cuando era trasladado a un hospital. Los testimonios de sus familiares dicen que le negaron atención en la torre médica del penal y que pudo haberse salvado.

El 14 de mayo de este año fue presentada ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una demanda de juicio político en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por fabricar un testigo para incriminar a personas inocentes.

El 17 de mayo pasado, el abogado y periodista, Carlos Domínguez Ramírez, cuestionó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los resultados de la investigación sobre la muerte de su padre Carlos Domínguez Rodríguez, así como la candidatura a una diputación de Morena de Carmen Lilia Cantúrosas, hermana del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Cantúrosas, a quien la familia señala como autor intelectual del crimen. El presidente pidió a Gertz Manero investigar el asunto y dijo que no protegería a nadie.

El 21 de mayo, David Mejía presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas una denuncia de hechos, en la que se describen todas las anomalías jurídicas y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las investigaciones del asesinato del periodista Carlos Domínguez.

El 30 de mayo, al recordarse el 35 aniversario del asesinato de Manuel Buendía, familiares y abogados de los detenidos sustentaron una conferencia de prensa en la ciudad de México, en la que señalaron que Francisco García Cabeza de Vaca y la Fiscalía General del Estado fabricaron culpables para “esclarecer” el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez. Recordaron que cinco inocentes están en prisión por el testimonio de un testigo que habría cobrado la recompensa ofrecida por el mandatario estatal y que uno más (Garza Flores) murió sin atención médica.

Dudas, irregularidades e hilo conductor panista

Como puede observarse en esta cronología de la infamia, es clara la fabricación de culpables (como lo acusaron en la conferencia de prensa de la semana pasada) y existen serias dudas: ¿Cómo intervienen en un asesinato personas que estaban o estuvieron en cinco entidades de la República: Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas y hasta el estado de México?

El único hilo conductor es una persona que podría estar tras bambalinas: Genaro García Luna, quien fue (apoyado por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón) mando superior en el Centro de Investigación y seguridad Nacional (Cisen), en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Procuraduría General de la República. Además fue señalado en el juicio celebrado en Nueva York el año pasado por recibir sobornos del narcotráfico.

Concretamente en el caso del asesinato del periodista Carlos Domínguez, tres personajes estuvieron en algún momento ligados a García Luna: Natanael Isaí Castelán Iturría y Jorge Alberto Lara Rivera (que apoyaron al único testigo Carlos Yáñez, quien habría recibido los dos millones de pesos de recompensa) y el actual procurador de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

¿Alguien puede creerles a estos personajes? Por eso urge que la fiscalía General de la República investigue el caso y que el Poder Legislativo estudie el posible Juicio Político al gobernador de Tamaulipas, miembro del mismo partido político de García Luna.

Mientras tanto, la justicia para esclarecer el asesinato del periodista Domínguez no avanza en la realidad, sino que, como señalaron los agraviados en la conferencia de prensa de la semana pasada, “los culpables están en la calle; los inocentes en la cárcel”. Dice el filósofo del metro: se fabrican culpables a domicilio.

Tianguis

Si analiza uno el documento Estrategia Integral el Nuevo Programa de Licitaciones Pública, a cargo de la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, hay un tema preocupante. No sólo el caso de los medicamentos que quién sabe cómo va a resolverse pero que ha creado incertidumbre por la tónica de ahorrar más aunque se olvide que los pacientes tienen un rostro humano. Un punto interesante es que, dentro de las licitaciones para “otros rubros”, de cuatro sectores que se mencionan, sólo uno, el de Servicios Integrales y Subcontratación tiene un aumento de presupuesto, pues 65 mil 354 millones en 2018 pasará a 66 mil 172 de pesos para este año, lo que significa un aumento de 1.3 por ciento. Mientras tanto, los rubros de insumos para la producción, servicios de instalación y mantenimiento y seguridad pública y nacional tienen un retroceso (por lo menos en licitaciones) de 12.9, 9.6 y 51.3 por ciento. Es entendible en el último caso pues al parecer se intenta tener menos servicios subrogados, al operarse la Guardia Nacional. Pero el aumento de subcontrataciones parece indicar que el gobierno pagará más a terceros para hacer el mismo trabajo que antes realizaban trabajadores públicos. El asunto puede ser grave y quizá ni el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador esté consciente de este aumento en las licitaciones por subcontrataciones… Seguramente la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles (de hasta 25 por ciento con el tiempo) a todos los productos mexicanos se quedará en eso: amenaza. Sin embargo de ser cierta sería grave porque afectaría al sector industrial que se encuentra ya en estado recesivo, con un descenso de 1.9 por ciento en los primeros cuatro meses de este año y dos trimestres consecutivos a la baja. De hecho, la balanza comercial al cierre de abril indica que el 81.70 por ciento de las exportaciones no petroleras se hicieron a Estados Unidos y tuvieron un crecimiento en ese mes de 8.4 por ciento. Ese es el gran problema de la dependencia manufacturera hacia el vecino del norte y por eso el presidente estadounidense se ensaña con sus amenazas… La Producción Minerometalúrgica tuvo un ligero respiro al crecer en marzo 4.7 por ciento con relación a febrero. Pero disminuyó 3.4 por ciento con respecto a marzo de 2018. Con relación al año pasado, la producción de oro se redujo 11 por ciento, la de plata 4.4 por ciento y la de cobre 37 por ciento, mientras que la de plomo aumentó 6.3 por ciento… Una de las primeras tareas (si quiere honrar todo su pasado medioambientalista y de luchador social) de Víctor Manuel Toledo al frente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sermarnat) debe ser “ciudadanizar” la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) pues en su forma actual es obsoleta y sólo responde a intereses empresariales. De acuerdo con el grupo Alianza de la Costa Verde, que aglutina a diversas asociaciones de vecinos y protectores del medio ambiente, “ciudadanizar la MIA” permitiría que los desarrolladores (urbanos y turísticos) estén obligados a consultar a los representantes de la sociedad civil, considerar sus opiniones e incluirlas sus proyectos. Actualmente, primero se otorgan las concesiones y después se evalúan los impactos ambientales de las obras… Uno de los consorcios que tendrán un mayor crecimiento este año es, sin duda, GINGroup de Raúl Beyruti, pues estima un avance de 25 por ciento. Además, este grupo ya está listo para participar en las consultas sobre las leyes secundarias a la Reforma Laboral que deberá realizar el Poder Legislativo, probablemente a partir de este mes. Uno de los temas en este sentido es la terciarización, en donde los expertos cuentan ya con 19 propuestas concretas. Por cierto que el crecimiento del grupo de Beyruti será también en el extranjero, luego de que en las pasadas dos semanas el concepto de Administración Integral del Capital Humano fue muy bien recibido en España y Francia… El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, presentó un modelo educativo denominado “Primero de primaria es muy tarde”, mediante el cual se pretende crear una política pública que asegure que todos los niños menores de cinco años tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, así como una educación preescolar de calidad.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

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