Roberto Fuentes Vivar
5 mdp: precio de la libertad de un inocente
Salud, Economía, Billy, Balancán, Contaminación
Durante el fin de semana se comenzó a destapar la cloaca del Poder Judicial en México y quedó demostrada la indefensión en que vivimos los mexicanos ante la corrupción que prevalece entre jueces y magistrados de todos los niveles.
Concretamente, durante el fin de semana se publicaron y se difundieron en redes sociales al menos tres casos que dan cuenta de cómo en el Poder Judicial muchos de sus representantes viven en la total impunidad y hasta puede decirse que se burlan de los mexicanos y de la lucha contra la corrupción iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1.- El gobierno de Estados Unidos dio a conocer la presunta sumisión de un magistrado a los intereses del Cartel Jalisco Nueva Generación. Casi inmediatamente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo presidente es Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien también preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió suspender por seis meses, y sin goce de sueldo, a ese magistrado, Isidro Avelar Gutiérrez. En su comunicado, el consejo señala que la suspensión se da con el objetivo de realizar una investigación sobre las conductas advertidas y explica que “se han realizado una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Nacional que alertan que pueda estar obteniendo parte de su patrimonio por medio de operaciones con recursos de procedencia ilícita”. La pregunta es ¿por qué se actuó hasta después de que el gobierno estadounidense destapara el caso?
2.- El domingo el diario La Jornada publicó en su noticia principal que a pesar de que entre 2012 y 2017 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó casos de irregularidades financieras en cuanto a los ingresos reportados por jueces y magistrados federales y que algunas investigaciones internas llegan a establecer que los impartidores de justicia han ingresado cantidades millonarias a sus cuentas, las sanciones impuestas concluyen en la gran mayoría con inhabilitaciones temporales. El recuento publicado en La Jornada señala que las anomalías de los jueces y magistrados sancionados por irregularidades van desde inconsistencias en su evolución patrimonial, probables conductas delictivas y situaciones de falta de profesionalismo. En total, en el periodo, fueron presentados un total de mil 204 casos de posible corrupción o incapacidad, la mayoría de los cuales terminó en amonestaciones y únicamente recibieron castigo 122 expedientes.
3.- El fin de semana comenzaron a circular en las redes sociales dos videos con el hastag #CorruptoTribunalSuperior, en los cuales se da cuenta de cómo un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Eugenio Ramírez Ramírez, sugiere, a través de sus subalternos, que una acusada pague cinco millones de pesos para obtener su libertad. En los videos (acompañados de audios) se puede escuchar cómo el “representante comercial” del supuesto impartidor de justicia dicta instrucciones para operar una extorsión millonaria. El asunto es tan grave que incluye a personajes tan poderosos como Ricardo Salinas Pliego y Sergio Gutiérrez Muguerza, ambos integrantes del Consejo Asesor Empresarial del presidente López Obrador. Incluso, parece ser que gracias al poder de estos empresarios, ya hay denuncias en contra del juez Manuel Alvarado, quien ordenó la libertad de la acusada a quien se le exigen cinco millones de pesos por dejarla en libertad.
El caso de Irma Magaña Campos
Este último caso merece diversos calificativos, pero para utilizar solo uno mencionaré “aberrante”, y merece despertar la indignación de toda la sociedad, pues se trata de cómo se utiliza el poder económico para corromper al poder judicial, en aras únicamente de obtener beneficios financieros.
Los videos mencionados abordan, precisamente, el caso de Irma Magaña Campos, del cual he escrito en dos ocasiones en esta columna https://almomento.mx/diario-
La primera fue el 31 de octubre del año pasado, cuando difundí aquí parte de una carta de Irma Magaña, al entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que exigía justicia. Ahí narraba como Banco Azteca, con ayuda de la juez Yadira Quintero Pérez la encarcelaron para apropiarse del hotel Great Parnassus, que era de su propiedad, tras el fallecimiento de su esposo, Salvador Ornelas Hernández. En síntesis, por un adeudo de 19 millones de dólares (ya habían pagado 22 millones), Grupo Tsetaro se quedó con una propiedad valuada en 120 millones de dólares. No contentos, le fabricaron delitos y la encarcelaron. Incluso en la carta narra cómo los agentes le gritaron: “¡Cállese señora!… tenemos orden de golpearla y asustarla y se aguanta”. La carta completa es un ejemplo de toda la clase injusticia que puede cometer el Poder Judicial en nuestro país, cuando actúa para proteger intereses empresariales.
Posteriormente, el 29 de abril de este año, retomé el caso por una nueva carta de la señora Magaña Campos, la cual fue publicada también en la revista Proceso de esa semana y está dirigida a la jefa de gobierno de la ciudad de México, Claudia Sheiunbam. En ella se detalla que además de Salinas Pliego también está detrás del Grupo Tsetaro el empresario regiomontano Sergio Gutiérrez Muguerza.
En la carta abierta señala que fue despojada de sus bienes (Hotel Great Parnassus de Cancún), amenazada y hostigada y hasta privada de su libertad por ocho meses.
Además (para corroborar lo que considera como tráfico de influencias) señala que el asunto está en manos del magistrado Eugenio Ramírez Ramírez, familiar de uno de los directivos de Canal 40, operado por TV Azteca, empresa filial de Banco Azteca y Grupo Tsetaro.
Ahora, en los dos videos mencionados (que escuché con detenimiento) se deja entrever cómo este magistrado, a través de uno de sus subalternos, señala que hay poderosos intereses para encarcelarla, por lo que se insinúa que se requieren cinco millones de pesos para dejarla en libertad.
¿Este es el sistema judicial mexicano en el cual no solo hay contubernio para despojar a una persona de sus propiedades, sino para encarcelarla y luego pedir dinero para que siga en libertad? Dice el filósofo del metro: En México, la justicia no solo es ciega y sorda, sino que tiende su mano para exigir dinero.
El caso de Martínez Garza
Siguiendo con el tema del poder judicial, hay otro tema que tiene que ver indirectamente con la administración de la justica; se trata del negocio de lubricantes que eran propiedad de Petróleos Mexicanos y fue desmantelándose (desde el gobierno de Vicente Fox) hasta que en 2015 lo cedieron totalmente a Akron de Salvador Martínez Garza, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de la República.
Ese negocio dejaba utilidades por cuatro mil 500 millones de pesos anuales a Petróleos Mexicanos hace dos décadas. Posteriormente, hubo un acuerdo en el que la paraestatal absorbía las pérdidas y la empresa ganancias.
Lo más grave es que, en el contrato de finiquito se dispensaron las pérdidas económicas que alcanzaban casi 100 mil millones de pesos. Pemex le perdonó a Martínez Garza juicios penales que tenía en su contra por administración fraudulenta (Averiguación Previa UEIDFF/FIN/MXI/220/2006), y se obligó a no presentar denuncia o querella contra el empresarios jalisciense.
El caso es tan grave que incluyó hasta la falsificación de la firma de Martínez Garza en el contrato. Este delito fue demostrado por un examen grafoscópico realizado por el despacho de servicios periciales Cal y Mayor & Cía. Después de cotejar las firmas concluyó: “Las firmas de Salvador Martínez Garza, por su naturaleza gráfica, no proceden de su puño y letra. Son producto de una falsificación por el método de simulación”.
En términos generales, todos los acuerdos de Martínez Garza con Pemex, fueron, si no fraudulentos, por lo menos poco ortodoxos. Pero eso sí, los ingresos de Akron, han sido tan cuantiosos que hasta sirvieron para convertir, en 2017, la sede de las Chivas del Guadalajara, en el estadio Akron.
Ojalá ahora que el presidente López Obrador intenta sanear a Pemex y combatir a la corrupción, investigara a fondo todos los contratos irregulares y las pérdidas de la paraestatal, a favor de las ganancias de Martínez Garza.
Tianguis
Siguiendo con el tema de los medicamentos que he tratado con regularidad en esta columna, ya hay indicios de que el desabasto de fármacos pone en riesgo al Sistema Nacional de Salud. Concretamente a raíz de que Cuarta Transformación busca cumplir con los compromisos de campaña y ha estigmatizado a varias empesas de la industria de los medicamentos, el problema se ha agravado. Las nuevas convocatorias para compras consolidadas han ocasionado que exista una especie de vacío que enrarece a todo el sistema y provoca un fuerte desabasto. De hecho según activistas y pacientes de VIH, existen fallas de distribución y siguen faltando medicamentos para los enfermos. Incluso detallan que solo se compraron fármacos para un mes, y que están llegando a los centros de salud de los estados a cuentagotas, por problemas en la distribución. Lamentablemente por intentar modificar los esquemas de adquisición de fármacos para las instituciones del sector Salud, se ha creado un problema grave que afecta ya a múltiples sectores de la población. No sólo a los pacientes de VIH, sino a otros grupos con mayor población afectada como los de hipertensos y hasta algunos diabéticos… Pasando al tema económico, pese a las advertencias de los agoreros del desastre (los catastrofistas, pues) que piensan que la economía se derrumba, hay varios ejemplos de que las cosas no están tan mal, sino que existen datos positivos. La Secretaría de Economía y el Banco de México informaron que llegaron 10 mil 162 millones de dólares de inversión extranjera directa en el primer trimestre del año. Lo más relevante es que la nueva inversión tuvo un fuerte incremento, pues el año pasado llegaron mil 884 millones de dólares en el periodo y ahora la cifra subió a dos mil 280 millones, lo que significa un aumento de más de 25 por ciento. Lo que sí parece ser es que hay una reducción en la reinversión de utilidades… Otro informe es el del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales (el famoso Coneval) que señala que entre enero y marzo de este año, un millón 200 mil mexicanos se sumaron a la población que sí puede adquirir la canasta básica con su ingreso. La pobreza laboral –explica- se ubicó en 38.7 por ciento de la población, lo que representó una reducción de 1.1 puntos porcentuales… Un dato adicional es que la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) en marzo se mantuvo sin cambio respecto al mes inmediato anterior. Las horas trabajadas cayeron 0.2 por ciento y las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y prestaciones sociales no registraron variación en marzo del año… En cuanto al mercado laboral, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, señala que el desempleo creció 0.2 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del año pasado y que el número de mexicanos en condiciones críticas de empleo llegó a 10 millones. Pero también indica que los trabajadores subordinados y remunerados se incrementaron en 441 mil personas con relación al primer trimestre del año pasado y que casi 400 mil empleados ingresaron a las instituciones de seguridad social. Como pude observarse, hay altibajos, pero ningún desastre… Nuevamente, Guillermo (El Billy) Álvarez sigue asumiendo cargos que no le corresponden en la Cooperativa La Cruz Azul. Resulta que, a pesar de que no tiene atribuciones para quitar o poner a su libre albedrío a trabajadores de alto nivel ordenó el cese de varios trabajadores como Delfino Pérez, quien era el gerente de mercadotecnia del Centro Comercial Cruz Azul. Hay que recordar que resoluciones del Poder Judicial han sido claras en advertir que el Director General de la Cooperativa se atribuye funciones que sólo le corresponden al Consejo de Administración, como el de elegir o sustituir a los directores generales, gerentes y otros funcionarios. ¿Por qué destituye a funcionarios de alto nivel? Pues nada menos porque intenta callar las voces que le exigen rendición de cuentas… Interesante que el director del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo, Rafael Sánchez Bravo, informó que esta casa de estudios, además proporcionar el servicio vital de agua a favor de 884 familias campesinas de alta marginación, en los últimos once años, a través de la construcción de módulos de captación de agua de lluvia ha permitido un ahorro cercano a los 700 mil pesos anuales. Explicó que en varios estados hay “huella real de Chapingo” con módulos de cosecha de agua de lluvia que tienen un periodo de vida superior a los 30 años en favor de seis mil 151 mexicanos… Siguiendo con el tema ambiental, con motivo del Día Mundial del Reciclaje, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC) presentó los resultados a un año de anunciar la meta “Mundo sin Residuos”. Señala que la IMCC es el principal reciclador de PET grado alimenticio, por medio del acopio del 35 por ciento del total recuperado en México. Esto gracias a la capacidad de sus plantas recicladoras, a través de las cuales procesa anualmente más de 85 mil toneladas. Además, 43 por ciento de su portafolio se conforma por empaques retornables, con los que consigue reutilizar en promedio 70 veces los envases de vidrio y los de PET 25, disminuyendo así la generación de residuos… Interesante que en el Ejido Arroyo el Triunfo, en Balancán, Tabasco, el comisariado ejidal Manuel Gómez Narváez, dijo que “la comunidad acordó donar 67 hectáreas a 27 madres solteras, para que se incorporen con su trabajo al Programa Sembrando Vida… Otra noticia positiva es que a firma Instrumentos y Equipos Falcón, de Agustín Amaya, se convirtió en referente nacional e internacional en el sector salud. Esta semana recibirá el Distintivo Empresa Socialmente Responsable 2019. Sus servicios integrales han representado ahorros de más del 20 por ciento a los hospitales especializados, al tiempo que su apuesta por la tecnología y la capacitación de personal. Por eso es líder en bancos de sangre, esterilización, sanitización y laboratorios… El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel inauguraron el entronque del libramiento conocido como “La Costerita”, a la altura del bulevar Benjamín Hill, al sur de Culiacán, obra en la que se invirtieron casi 131 millones de pesos. La obra se había demorado debido al cambio de administración federal, pero la SCT retomó el proyecto y lo puso en operación.
