VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO .- Documentos oficiales revelan una presunta red de corrupción institucional en el Ayuntamiento de Valle de Bravo encabezado por la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce, en favor de la empresa Promotora Valle de Bravo, S.A. de C.V., representada por el empresario Michel Domit G.
Según los documentos en poder de este medio, el 4 de agosto de 2023 y el 23 de abril de 2024, el gobierno municipal firmó dos convenios de colaboración que otorgan a dicha empresa la administración y cobro de servicios públicos como agua potable, alumbrado y vigilancia sin autorización del Cabildo ni publicación en la Gaceta Municipal, contraviniendo la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Los convenios confieren a la Promotora la facultad de imponer tarifas, suspender el servicio y administrar recursos públicos, creando una figura ilegal que en los hechos constituye una privatización encubierta de los servicios públicos.
Expertos en derecho administrativo advierten que estos actos violan la Constitución y los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
“Se inventó una figura inexistente en la ley: un convenio perpetuo con beneficios eternos. Lo que debió aprobar el Cabildo se firmó en silencio y sin control ciudadano”, señalaron especialistas consultados.
Colonos reportan cobros excesivos y amenazas cumplidas de corte de agua, además de presiones para adherirse a una asociación civil controlada por la empresa privada.
De acuerdo con los testimonios, quienes se niegan a firmar son objeto de represalias y suspensión del suministro, mientras el Ayuntamiento permanece en silencio protegido por entidades del gobierno morenista del Estado.
“Nos obligan a pagar lo que ellos deciden o nos cortan el agua. Y el municipio se hace a un lado”, denunciaron representantes de colonos .
Hasta la fecha, la presidenta municipal Michelle Núñez Ponce no ha ofrecido explicación alguna sobre los convenios ni sobre la entrega de facultades públicas a un particular. Tampoco existe registro de su aprobación por parte del Cabildo ni publicación oficial, como exige la ley.
Los afectados exigen una investigación inmediata por parte de la Contraloría del Poder Legislativo y de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, al considerar que se trata de un acto de corrupción y abuso de autoridad que atenta contra el derecho al agua y la legalidad municipal.
Ciudadanos hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para frenar la privatización de los servicios públicos en Valle de Bravo, garantizar la rendición de cuentas y revocar los convenios ilegales firmados por la administración de Michelle Núñez Ponce.
“El agua es un derecho, no un negocio. Valle de Bravo no puede convertirse en un feudo donde la ley se sustituye con un membrete”, advirtieron los vecinos.
AM.MX/fm
