Por Mouris Salloum George
Parece que la tortura en México es regla y no excepción en el sistema de justicia, sobre todo, cuando la autoridad no cuenta con pruebas para acusar y luego fabricar confesiones utilizando métodos inspirados en la inquisición. En nuestro país, son miles los casos de mujeres y hombres que fueron privados de la libertad y cuyo proceso tiene como principal línea una declaración ajena o propia obtenidas por violaciones a la integridad psicológica o física de las personas.
Esta aberración y en consecuencia es la tardanza con que los jueces, emiten sentencias a los casos que se presumen la ocurrencia de tratos inhumanos y vejaciones, pero resulta que, en vez de corregir las actuaciones desviadas por las fabricaciones de los delitos cometidos por funcionarios públicos, por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, resulta que envían al archivo estos expedientes y los jueces optan por la tardanza de emitir sentencias en los casos que se presume violaciones y tortura, por no querer pagar los costos políticos de liberar a las victimas de una fabricación orquestada por altos funcionarios de la policía, las fuerzas armadas o los ministerios públicos.
Las muchas irregularidades coincidentes en muchos ejemplos, en un sistema judicial en otras naciones, habrían sido atajados por la justicia con rapidez y los tribunales suelen ser, los principales responsables para que nadie sea torturado por confusiones o pruebas fabricadas en el entendido de que el principio de la justicia es, y debe ser, rápida y expedita, cosa que, en México, suele tener dilación en la justicia como arma contra las victimas señaladas. Pues, se entiende donde hay tortura y fabricación de delitos, nunca se logra una justicia plena.
En días pasados el jefe del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador sentencio en conferencia mañanera que la SEGOB y la fiscalía general de la Republica, tienen la palabra para aislarse de los casos de tortura y de construcción de historias de fantasía para adornar la detención y tortura de inocentes indefensos ante la fuerza policial y la falta de juristas probos defensores del oficio.
