Mouris Salloum George
Cuando en México se habla de la ruptura del tejido social, a bote pronto el fenómeno se lo relaciona con la acción depredadora del crimen organizado. Hay mucho de ello… pero.
En la negra noche del periodo del neoliberal, la indomable crisis económica ha tenido un disolvente impacto en la precarización del empleo y el salario. A menos ingreso, más desintegración familiar.
Una expresión de ese estado de cosas atenta contra el derecho a la vivienda, elevado a rango constitucional desde tiempos del populismo.
De entonces para acá, tenemos una erosión en los programas de vivienda de interés social, política puesta en manos del Infonavit y Fovissstse, principales proveedores de la clase trabajadora.
700 mil viviendas de interés social, abandonadas
Por causas de inseguridad pública, pero sobre todo por insolvencia económica, en las dos recientes décadas los acreditados han abandonado, en cuanto a la primera institución, más de 600 mil unidades habitacionales. En el caso de la segunda, el padrón fluctúa en unas 100 mil. Para ilustrar el tema, tenemos que, en un solo municipio de Jalisco,
Tlajomulco de Zúñiga, son 70 mil casas censadas con intención de recuperación por los organismos públicos citados.
¿A dónde van los miles de familias expuestas a esa carencia? El mercado inmobiliario privado orienta sus inversiones a la habitación en alquiler, en cuyo caso este segmento alcanza hasta un 34 por ciento de la demanda-oferta.
Únicamente en la Ciudad de México, están identificadas unas 700 mil casas en renta.
Abogados civiles y notarios no van con la mitigación del problema
Viene a tema el asunto, porque, en el marco de la pandemia del Covid-19, el Congreso de la Ciudad de México ha sido emplazado a tomar cartas en el asunto.
Una iniciativa de ley, aún en embrión, se ocupa del tema y propone condonación del pago de agua y predial a los arrendadores, otorgamiento de créditos de emergencia para la construcción a personas de escasos recursos, así como la creación de un fondo de apoyo para los inquilinos.
No lo hubieran hecho los voluntariosos ponentes. Más pronto que inmediatamente, voceros de los colegios de Abogados en Derecho Civil y de Notarios saltaron al ruedo, afirmando que la reforma no abona a resolver el problema y, de aprobarse, se encarecería la renta de inmuebles para habitar. Según uno de esos representantes, se fomentaría la ilegalidad (sic).
De lo anterior se colige que, frente a la pandemia, unos proponen agua de borrajas y la contraparte se aferra a defender los intereses creados. Así, ¿cómo se puede hablar de “nueva normalidad”? No estamos, pues, para invocar el humanismo político. Ésta es la neta.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
