Por Mouris Salloum George*
No está demás -luego hay algunos olvidadizos-, recordar que la fracción X del artículo 89 de la Constitución reserva al Presidente de la República, entre otras facultades, la de dirigir la Política Exterior.
Si mal no entendemos, el genérico coloquial es Constitución General de la República; esto es, de observancia universal.
El estatuto constitucional de los estados de la Federación los define como libres y soberanos. ¿Cuál es el límite de esta soberanía? Dado el orden político prevaleciente a lo largo de un siglo, las relaciones entre el poder central y los gobernadores han operado bajo la figura de convenios de coordinación en materia fiscal, educativa, seguridad pública, etcétera.
En los últimos sexenios, algunos gobernadores de los estados han empleado cierto margen de discrecionalidad para, por ejemplo, contratar empréstitos con instituciones extranjeras. No se las han hecho cardiaca desde la sede de los tres Poderes de la Unión.
El que juega con fuego puede resultar chamuscado
En estas semanas, sin embargo, creó estado una versión hecha pública a finales de septiembre, en la que está involucrado el gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
Conforme esa versión, Ordaz Coppel habría cursado por la libre una invitación a la autoridad superior de la Administración para el Control de Droga (DEA) de los Estados Unidos.
En respuesta a esa invitación, la DEA envió a un funcionario de sus altos mandos, asistido por un consejero de la Embajada de los Estados Unidos en México. El encuentro se dio en lo oscurito.
Pillado con los dedos en la puerta, el mandatario aparentemente soltó prenda: Se pidió la intercesión de la DEA para que el Departamento de Estado saque de la lista negra a Sinaloa, colocado bajo alerta por el gobierno de los Estados Unidos, por lo que de riesgos entraña para sus connacionales el estado de inseguridad en la entidad.
¿Es que no había otros canales disponibles para el gobernador priista a fin de que su inquietud y solicitud fuera conocida en Washington? La Cancillería, la Embajada de México en EU u otros servicios consulares, por ejemplo. Incluso, las propias representaciones nacionales de la industria turística, sector al que pertenece Ordaz Coppel, y es uno de los giros afectados por las alertas.
Para aquellos efectos, ¿un director interino de la DEA posee la jerarquía o influencia bastante ante la Casa Blanca, de donde emanan las órdenes ejecutivas sobre algunos asuntos relacionados con el tráfico de drogas?
Dando por cierto aquel encuentro, imaginamos un parlamento: Okey, míster Coppel. Sin comprometer resultados, haremos la gestión. ¿Qué ofrece usted a cambio, como carta de convencimiento?
Por la naturaleza de sus funciones y su historial en México, creemos que la DEA no es el agente “diplomático” más confiable para los gobernadores. Ni siquiera para la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Tomar nota.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
