Mouris Salloum George
El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.
En medio del escándalo y de estupefacción e indignación social, está en su más alta curva el combate a la corrupción público-privada, ahora en la fase de procuración de justicia. Falta el sinuoso y a veces sórdido tramo de impartición de justicia.
Hace unas horas nos topamos con esta nota: El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a Amós José Olivera Sánchez, secretario del juzgado tercero de distrito en Chiapas, por haber otorgado indebidamente un amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).
La protección de la justicia federal se dio contra la orden de captura del empresario regio con fines de extradición por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; crimen perpetrado con la venta fraudulenta de una planta de agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex.)
El cochinero que sale a balcón en Los Papeles de Lozoya
El erizado y pestilente asunto aparece en Los Papeles de Lozoya, cuyas abundantes y fétidas revelaciones tocan como flecha al blanco a tres ex presidentes de la República, ex dirigentes de partido y legisladores federales actuantes en el fáctico Pacto por México de Enrique Peña Nieto. Obviamente, a conspicuos capitanes de la empresa privada.
Este es el punto: Es reincidente el fenómeno anticorrupción, que pasa por las instancias de procuración de justicia y en la instancia jurisdiccional se atora o se revierte en favor de los presuntos implicados.
Ilustran esa afirmación los casos recientes de Elba Esther Gordillo Morales, de Rosario Robles Berlanga, estrella de La estafa maestra, y de algunos pesados del crimen organizado.
En las redes de los moralizadores, puros charales
El Consejo de la Judicatura Federal ordenó la suspensión de Olivera para sujetarlo a investigación. Si se trata de un servidor menor, secretario de acuerdos de un juzgado distrito -¿dónde andaba el juez titular?-, estamos hablando de un pez chico. Los medianos están en los tribunales unitarios o colegiados y, los grandes, acaso en algunas salas regionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no faltarían en el propio Consejo de la Judicatura.
Es plausible el esfuerzo administrativo por limpiar la casa. No basta, sin embargo: Es preciso que el Tribunal Constitucional, entre lo necesario y posible, actúe para encontrar la forma de ponerle freno a la rentable industria del amparo. De otra manera, seguiremos como estamos. Vale.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
