Por Mouris Salloum George
La mítica espada de Damocles pende amenazante sobre el cuello de la democracia mexicana. Si en el pasado reciente era una amenaza se ha convertido en una realidad. Sorprendió a casi todos los miembros de colegios y asociaciones de abogados y al Foro mexicano la resolución del Trife sobre el caso de los candidatos rechazados de Morena.
Como se sabe, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima instancia en el terreno comicial en la República. Nadie puede desobedecer ni impugnar sus decisiones. Ni la Corte.
Por eso todos se quedaron demudados cuando supieron que los casos de Salgado Macedonio y de Raúl Morón, candidatos en Guerrero y Michoacán, tachados por el Instituto Nacional Electoral de pretender ser candidatos por diversas violaciones a la fiscalización de gastos en el proceso, se resolviera de una manera tan ligera.
“En el caso, no existe presentación extemporánea- de los gastos de precampaña - pues los informes que presentaron Morena y sus precandidatos se realizaron después de que fuera viable su revisión o verificación, de manera que las faltas que cometieron tanto Morena como sus precandidatos fue la no presentación del informe y no la presentación extemporánea de los informes” (sic), por lo que se regresa el dictamen al INE a fin de que rectifique caso por caso.
Lo cual quiere decir que un asunto de fondo como son las diversas impugnaciones sobre los precandidatos, se está resolviendo de una manera huizachera, como si se tratara de un “recurso de alzada” de carácter procedimental.
El recurso de alzada es una técnica de derecho civil que opera para que cualquier abogado del montón busque que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él, consiguiendo que enmiende el acto del órgano inferior.
Esta técnica es improcedente tratándose de asuntos que conciernen al derecho político, como es la presente controversia de tipo constitucional sobre la procedencia de candidaturas que lastiman el tejido social de una nación.
Obedeciendo a presiones de un puñito de ciento cincuenta gentes que se apostaron dos días afuera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para doblarle las manos a la suprema instancia en materia de elecciones y obviamente de derecho político.
Debe tenerse un gran cuidado en seguir jugando con conceptos que están en medio del cumplimiento de ordenanzas de las cuales depende la gobernabilidad y la paz social de un país. No puede dejarse en manos de abogados huizacheros el destino de ciento treinta millones de habitantes.
Lo único que falta es que el Trife se ponga a atraer todas las cuestiones que flotan en los estados, y reyertas de carácter personal entre gobernadores y candidatos. Y emita opiniones a conveniencia de los que detentan el poder.
