Por: Mouris Salloum George
El mecanismo globalizador, que entró en apogeo desde la década de los ochenta, desmontó la utópica aspiración de la autarquía de las ciudades nación-Estados nación, instituyendo la interdependencia aun entre potencias cuyos regímenes se confrontan por concepciones ideológicas diametralmente opuestas.
Lo vemos en estos días de crisis en la aldea global. Los Estados Unidos, que siguen blasonando su papel del líder mundial, sin embargo, en el periodo de Donald Trump, han optado por una forma de aislacionismo económico en la rama comercial. Ahí está el T-MEC y otros instrumentos recientes con otros bloques; incluso, con la República Popular China.
En las tipologías políticas, esa tendencia se inscribe en las categorías del nacionalismo. Corresponde a los prejuicios intelectuales de occidente -con base en las desgarradoras experiencias de la primera mitad del siglo XX en Europa y parte de Asia- explorar qué tan conveniente o inconveniente es la adopción de ese principio como modelo de Estado.
A México le fue bien bajo el principio del nacionalismo revolucionario
Hasta la década de los setenta, a México le fue bien con el nacionalismo revolucionario, una de la siete tesis que postuló el candidato presidencial del PRI, Miguel de la Madrid para darle continuidad al proyecto constitucional de 1917. Otra de sus ideas-fuerza, fue la Sociedad Igualitaria.
Crisis económica recurrente, la de México, desde el sexenio de José López Portillo se ensayaron diversos pactos. Uno de los primeros fue, el de Solidaridad Económica (PSE). Le siguieron el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, etcétera.
La observación pertinente, es que, en la concepción y ejecución de esos sucesivos pactos, llevaron la voz cantante las representaciones del Estado -las del gabinete económico neoliberal- y de las grandes cúpulas empresariales privadas. El Sector Social pintó como convidado de piedra, no obstante que en ese periodo se relanzó, para taparle el ojo al macho, el principio del Estado Social de Derecho.
El expediente nos remite al nuevo Programa de Recuperación Económica, cuyos enunciados confirmó ayer el líder de la cuarta transformación, Andrés Manuel López Obrador, en línea directa con la exposición de motivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que el propio Presidente describió como el primero de la era posneoliberal.
La inclusión de los pobres, piedra de toque del nuevo programa
En grandes trazos, dicho por el inquilino de Palacio Nacional, la toma de iniciativa empieza por romper con el esquema que colocó como beneficiarios de los rescates a las grandes empresas y bancos que, aleatoriamente, fueron favorecidos con regímenes fiscales especiales, que obligaron al Estado a contratar más y nuevos créditos para fondear sus finanzas. (Once billones de deuda pública, es el santo y seña de la monstruosidad socialmente disolvente.)
Los empresarios, lejos de todo principio humanista, respondieron con despidos de personal y la sistemática negación de prestaciones de Seguridad Social.
La orientación del nuevo Programa de Recuperación Económica tiene en su centro de gravedad a los pobres. Un primer esfuerzo es crear dos millones de nuevos empleos, con todas las garantías de ley.
La fuente principal para solventar ese compromiso es la austeridad, que implica ajustar sueldos de altos mandos de la Administración Publica. No es de poca monta la iniciativa de liquidar más de 700 fondos y fideicomisos -con participación del Estado-, cuyas felonías fueron enmascaradas en el secreto bancario y fiduciario, a fin de recuperar sus activos para impulsar el desarrollo.
Por supuesto, algunos segmentos del poder económico privado, encuentran “insuficiencias” en las proyecciones de la nueva política de Estado. Se explica, porque esperaban un refrendo a sus privilegios.
El Senado de la República, guardián del Pacto Federal
No es una posición privativa del empresariado. Algunas formaciones partidistas bien localizadas, caminan de su lado; obviamente, tratando de sacar rendimientos electorerps de aquello que no encaja en los intereses creados.
Faltan todavía los que deben sentarse en la mesa de los compromisos en tiempos de emergencia: Los gobernadores de los estados, en otros tiempos de crisis tan celosos en la defensa del federalismo fiscal, sin aportar nada a cambio.
En ese vacío, toma su lugar el Senado de la Republica, según nuestra doctrina constitucional, guardián del Pacto federal, dada su naturaleza como Constituyente permanente.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, Ricardo Monreal Ávila, desde los primeros avisos de la crisis de Salud, promovió acciones cautelares por lo que corresponde al cuidado del recinto, de su personal y población visitante, y la continuidad de la agenda parlamentaria.
El coordinador senatorial, ha convocado a sus pares en la Junta para, aprovechando los recursos de la tecnología informática, sesionar a distancia mañana martes, a fin de hacer una evaluación del estado que guarda la emergencia sanitaria y, por lo que toca a las facultades constitucionales de la Cámara alta, contribuir a que los esfuerzos del Ejecutivo se proyecten al resto del territorio nacional.
No existen, desde luego, condiciones para reanudar el periodo ordinario de sesiones que cierra el último día de abril, ni citar a un periodo extraordinario, pero los mismos recursos tecnológicos acaso permitirían que algunas iniciativas ya dictaminadas o pendientes de dictamen, relacionadas con la reactivación económica, avanzaran en tanto se recobra la normalidad.
Es cuestión de voluntad política y, estando el interés superior sobre todas diferencias partidarias, es una contribución que no se puede regatear. Vale.
(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
