Por Mouris Salloum George*
Como un elemental pero saludable ejercicio de contraloría, en el viejo régimen la Federación tenía como norma nombrar a sus representantes en los estados a funcionarios o profesionales sin vínculos familiares, amistosos, políticos o económicos en la plaza de asignación.
Se trataba de que los delegados federales no quedaran en calidad de rehenes de los intereses locales creados o generara los propios, ajenos al servicio público.
Particularmente en el periodo posrevolucionarios, la Secretaría de Guerra y Marina y, después cada una de las ramas, rotaba a sus comandantes en regiones, zonas y guarniciones.
El mismo sistema escalafonario aplicaban las instancias de procuración y administración de Justicia federales. Ministerios públicos y jueces de distrito estaban en frecuente circulación domiciliaria.
Incluso, los inspectores de Educación eran reclutados de otras zonas para una nueva adscripción. Lo mismo ocurría con los administradores de Hacienda y Aduanas.
Esa práctica administrativa alcanzaba a los egresados de los centros de enseñanza superior de la Ciudad de México, cuyo servicio social se comisionaba en entidades diferentes a las de sus lugares de nacimiento.
De esa suerte, se quitaba a los gobernadores la posibilidad de tener a un mismo tiempo el control político absoluto de su personal y el de las dependencias federales. Al menos esa era la pretensión.
En arca abierta, hasta el justo peca
Al arribo de los tecnócratas al poder público, los usos y costumbres se distorsionaron y hasta los delegados del gabinete paralelo y de los órganos autónomos del Estado empezaron a reclutarse en los estados nativos donde ejercerían sus funciones.
La operación del crimen organizado, verbigracia, quedó en manos de delegados y agentes judiciales federales que se metamorfosearon en capos.
Ilustremos el tema con dos ejemplos: 1) Aunque el Instituto Nacional
Electoral fue dotado de facultades concentradoras de los procesos comiciales de estados y municipios, los árbitros electorales locales forman parte de las familias políticas actuantes en las entidades, bajo los designios caciquiles del gobernador en turno.
Ahora mismo, se observa como consejeros y magistrados estatales adulteran los resultados electorales para favorecer intereses creados.
Caso 2) Los actuales delegados federales funcionan en colusión con los mandatarios estatales. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados ha revelado numerosos expedientes, derivados de la revisión del gasto federalizado, que ponen en evidencia cuantiosos desvíos de recursos etiquetados para obras y servicios y el destino de las participaciones federales.
En ese caso, con independencia de los moches que se engullen los legisladores gestores, los gobernadores dirigen contratos a compañías constructoras o proveedoras de sus favoritos o corporativos en los que tienen interés de capital. En el peor de los casos, a empresas fantasma. Suele ocurrir.
Legiones hacen fila para obtener la delegación única
El asunto viene a colación una vez que el Presidente electo ha anunciado el cambio de modelo administrativo, para poner las delegaciones federales bajo el control de un coordinador único, responsable directamente ante el Ejecutivo federal.
Los primeros que han emprendido una ofensiva mediática contra la voluntad del próximo Presidente, son los gobernadores, en heroica defensa del federalismo.
Falsa autodefensa, cuando se sabe que los mandatarios nadan de muertito eludiendo su responsabilidad fiscal -para no enemistarse con intereses empresariales locales-, a fin de seguir dependiendo hacendariamente del centro en la gestión de sus finanzas.
Por estos días, tocan las puertas de los despachos en la Ciudad de México de los futuros miembros del gabinete presidencial y del gabinete ampliado, legiones de “voluntarios” dispuestos a “sacrificarse” por el puesto de delegado único.
Son gente de la iniciativa privada o políticos desplazados por el terremoto electoral del 1 de julio; personajes cuyos intereses económicos locales y regionales son más que visibles.
Se sabe incluso que senadores y diputados federales nominados por la coalición triunfante, ni siquiera toman posesión de sus representaciones y andan que se las pelan por la codiciada y privilegiada posición en los estados.
En situaciones tales, sobre aviso no hay engaño, dice la conseja popular. Vale.
*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.
