Por Mouris Salloum George
“Un periodista y un oficial de policía, asesinados en un ataque armado en México”, así cabeceó el periódico francés Le Figaro, el crimen contra Jesús Gutiérrez Vergara, de San Luis Río Colorado, Sonora. Este lamentable suceso tuvo lugar el 25 de septiembre del presente, y se inscribe en la imparable estadística letal contra los comunicadores.
Al respecto, The National Press Club, de Washington, pidió a las autoridades encontrar a los criminales y llevarlos ante la justicia.
El medio francés resaltó que según informes de autoridades locales, el periodista fue “víctima colateral” de un ataque dirigido contra un grupo de policías, de los cuales uno falleció y tres resultaron heridos. Agregó que tal asesinato es el quinto en lo que va del año.
Citando como fuente a la ONG Reporters Sans Frontieres, Le Figaro subrayó que desde el año 2000 han sido asesinados 150 periodistas en todo el país, y 28 fueron reportados como desaparecidos: “El 2022 ha sido el año más mortífero contra la prensa en México, al registrarse 13 asesinatos de periodistas”.
El popular medio añadió que, según su fuente mencionada, “la mayoría de tales crímenes ha quedado impune”.
Le Figaro resaltó que la violencia contra la prensa mexicana aumentó en el contexto de la guerra contra las drogas, desatada en 2006. “Con más de 420 mil muertos y 100 mil desaparecidos, desde el lanzamiento de una ofensiva militarista contra los traficantes de drogas, México se convirtió en uno de los países más violentos del mundo”.
Al margen de las motivaciones de este nuevo crimen contra un comunicador y todos los demás, y con independencia de los resultados de las investigaciones judiciales, en este artículo se intenta resaltar que el ambiente de hostilidad contra la prensa mexicana, aunque a veces sea minimizado en el propio país, no pasa desapercibido para los medios internacionales.
Todo asesinato de una persona es reprobable y conlleva muchas implicaciones.
Los crímenes contra periodistas, además, involucran significados mayores.
Las investigaciones judiciales aportan versiones, en la parte legal. Al menos en la mayoría de casos, por lo que sale al público, se puede ver que los crímenes en referencia son ataques contra el trabajo periodístico de informar y denunciar.
Esto significa que también son atentados contra las máximas garantías consagradas en la Constitución federal de México: ni más ni menos que contra la libertad de prensa, el derecho a la información y la libertad de expresión.
Los crímenes contra periodistas ocupan una atención especial en las consideraciones de los estados democráticos.
En su oportunidad diversos organismos internacionales han conminado al gobierno mexicano a perfeccionar sus mecanismos de protección a los medios y sus periodistas. La respuesta de gobierno y sociedad debe escalar sobre el empoderamiento de los criminales.
Tal empoderamiento, así como la coyuntura política de polarización nacional, han aumentado los riesgos del trabajo periodístico.
La sociedad mexicana y sus instituciones no deben quedarse solo contando muertos. La prensa cumple una función indiscutible de servicio social. Todo esfuerzo por salvaguardarla es un deber y una obligación.
