Federico Berrueto
La falta de escrutinio social al poder es la mayor insuficiencia para contener su abuso. Se ha naturalizado, tanto en la presidencia como en buena parte de los medios afines, la práctica de desacreditar e insultar al mensajero cuando surge una observación crítica. Sucede con periodistas, analistas, medios de comunicación, líderes de opinión, organismos e instituciones internacionales y, en estos días, con el expresidente Ernesto Zedillo, quien afirma que México, lejos de ser “el país más democrático del mundo” —como sostiene la presidenta Sheinbaum—, ha visto asesinada su democracia.
Las palabras son fuertes, pero no excesivas, por lo que se está haciendo con el Poder Judicial Federal y la SCJN. Deberían abrir un debate serio sobre la situación del país y de su democracia. No ayuda convertir el tema en un chisme de lavadero ni reducirlo a una diferencia personal. El reclamo es grave y exige una deliberación de fondo. ¿La elección directa de juzgadores, en la modalidad aprobada por el Constituyente Permanente, convierte a México en el país más democrático del mundo? ¿El pueblo seleccionará y elegirá libre e informadamente a sus jueces? ¿La democracia directa es la mejor vía para garantizar la independencia y autonomía de los tribunales encargados de defender la constitucionalidad frente a la arbitrariedad del poder? Estas preguntas merecen respuesta al margen de la banalidad o de la retórica partidista.
Alejandro Moreno, uno de los más serios estudiosos de la opinión pública nacional —quien, por cierto, ha publicado en El Financiero encuestas que muestran un elevado respaldo a la presidenta Sheinbaum—, refiere en ese mismo medio que el reporte V-DEM, elaborado por investigadores de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, muestra que México no solo no es una democracia liberal, sino que atraviesa un deterioro progresivo y se aproxima, o ya ha caído, en la categoría de autocracia electoral. Este reporte coincide con otros estudios comparativos de irrefutable calidad como Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial, el Democracy Index de The Economist Intelligence Unit, el Democracy Matrix de la Universidad de Wurzburgo, Alemania o Global State of Democracy Indices de IDEA de Suecia. Todos coinciden que la democracia mexicana está muy enferma y en estado comatoso.
La opinión de expertos y constitucionalistas resulta crucial para elevar el debate. Destacan por su rigor y contundencia las expresiones de Diego Valadés, quien considera la reforma judicial como el mayor error histórico del Estado mexicano desde la independencia. Las consecuencias, advierte, son aterradoras: el inevitable sometimiento de los jueces, primero al poder político, y, con el tiempo, al poder económico y al crimen organizado, debido al estado de indefensión y el arraigo territorial de los juzgadores.
Prácticamente todos los estudios sobre democracia en el mundo —que valoran tanto el ámbito electoral como la calidad de las libertades, los contrapesos institucionales, la vigencia del Estado de derecho, la eficacia de la justicia, la participación ciudadana y la independencia del gobierno respecto de los partidos— coinciden en que México se encuentra más cerca de una autocracia que de una democracia. Con la reforma al Poder Judicial y la pérdida de su autonomía, la calificación de México como autocracia será inevitable. Al invocar al pueblo como referente y sustento democrático sin mayor consideración, México estaría en el mismo canasto que Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quizá a esa es la referencia democrática deseable que invoca el régimen.
El deterioro democrático avanza en muchas partes del mundo, impulsado por el populismo que, paradójicamente, alcanza el poder por el voto, pero ataca de manera frontal al paradigma democrático. Hoy mismo, Estados Unidos enfrenta un proceso similar con la llegada de Donald Trump al poder: un gobierno que conspira no solo contra la economía, sino contra los fundamentos históricos de la democracia estadounidense, atentando contra el debido proceso, la libertad de voto, los derechos civiles y las instituciones que los garantizan.
Sin embargo, a diferencia de México y otros países de democracia fatalmente dañada, en Estados Unidos existen factores de contención. Hasta los mercados, veleidosos y linealmente interesados, actúan como freno ante los excesos y abusos de poder. Sorprende también la actitud firme de los medios de comunicación y el vigor del debate público. Así, no resulta extraño que Trump sea el presidente peor evaluado a 100 días de haber iniciado su gobierno, desde que existen mediciones demoscópicas de este tipo, comenzadas con Dwight Eisenhower en 1957
En México, en cambio, como muestran las encuestas de Alejandro Moreno, la realidad es muy distinta por la insuficiencia del escrutinio social.
