BUENOS AIRES.— Un tribunal de apelación de Argentina declaró este martes la inconstitucionalidad de una reforma laboral que el presidente Javier Milei había impulsado por decreto a fines del año pasado, desatando el rechazo de los principales sindicatos del país.
El fallo representa un freno a la avanzada reformista del mandatario de ultraderecha, quien pretende una desregulación total de la economía y limitar el intervencionismo del Estado como salida a la recesión que padece el país sudamericano desde hace años.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió “declarar la invalidez constitucional” de las disposiciones en materia laboral incluidas en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por Javier Milei el 20 de diciembre pasado, diez días después de asumir la Presidencia.
La justicia declaró inconstitucional la reforma laboral del DNU de Milei.
Un freno a tanto atropello, manoseo y menosprecio de este gobierno con la clase trabajadora. pic.twitter.com/XqHIJdAqf2
— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) January 30, 2024
La reforma laboral establecía la ampliación del período de prueba de tres a ocho meses; la eliminación de la doble indemnización por despido para los casos en los que el trabajador no está registrado; consideraba como causal de despido la participación de trabajadores en bloqueos o toma de establecimientos en caso de protestas, entre otros.
La resolución judicial se enmarca dentro de una demanda por inconstitucionalidad impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato del país. Esta organización había logrado en un fallo de primera instancia que la justicia suspendiera la aplicación de las reformas laborales.
⇒ Para los jueces de la Corte de Apelaciones, la reforma laboral de Milei es contrario al artículo 99 de la Constitución, según el cual, el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo en circunstancias excepcionales.
Desde la publicación del decreto se presentaron al menos media docena de demandas ante la justicia para impedir su aplicación, entre ellas de gobernadores de la oposición y de organismos defensores de derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra sobre la legalidad o no de la reforma laboral.
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AM.MX/dsc
