CIUDAD DE MÉXICO, 5 de junio (AlmomentoMX).- Con la detención del exgobernador Roberto Borge se empieza “a hacer justicia” en el estado de Quintana Roo, ante el saqueo atroz cometido en la administración pasada por Borge y sus secuaces, aseguró el Presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila Romero.
“La investigación sobre todos estos hechos no debe terminar solo con la aprehensión del exgobernador, a quien debe aplicarse todo el rigor de la ley, sino también se debe de detener a todos sus secuaces que se vieron beneficiados por la cesión de terrenos, entre ellos, a la propia madre del exgobernador.
“Es necesario que la justicia alcance a todos estos personajes que tanto dañaron las finanzas de los quintanarroenses”, demandó.
En tanto, Ávila Romero hizo un “reconocimiento al trabajo realizado por el actual gobernador Carlos Joaquín González, quien enfrenta de manera decidida la enorme corrupción que dejó este personaje”.
En ese sentido, destacó “las grandes aportaciones de la sociedad civil del estado de Quintana Roo, ya que gracias a sus aportaciones se dio a conocer en un primer momento el tema de la naviera y el caso de los remates de los diferentes predios que fueron casi regalados a precios de ganga a la familia del exgobernador y a sus amigos”.
Insistió que el PRD seguirá señalando que aún falta por detener a los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte y al de Tamaulipas, Eugenio Hernández por hechos de corrupción.
Asimismo, comentó que próximamente se deberá investigar los vínculos del crimen organizado con el aún gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.
Finalmente, argumentó que este instituto político seguirá impulsando la agenda anticorrupción que se trabaja en las Cámaras y consideró “que próximamente debe de materializarse en los estados del país con la aprobación de las leyes anticorrupción en el ámbito estatal”.
El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Ángulo, fue detenido este domingo en Panamá, justo cuando intentaba abordar un vuelo a París, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR).
La PGR señaló en un comunicado que, por medio de investigaciones de gabinete y campo por parte de integrantes de la Agencia de Investigación Criminal y de INTERPOL Panamá, se tuvo conocimiento que Borge se hospedaba en un hotel de la capital panameña y que abordaría un vuelo con destino a París, Francia, por lo que se implementó un operativo y lográndose así su captura en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá.
La petición de detención se sustenta en una orden de aprehensión librada el 31 de mayo de 2017, por juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, con sede en Netzahualcóyotl, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el Artículo 400, fracción ll del Código Penal Federal.
El gobierno de Quintana Roo denunció en noviembre la enajenación irregular de más de 9 mil 500 hectáreas del estado, por parte del exgobernador, en beneficio de sus familiares y excolaboradores cercanos.
El secretario de la Gestión Pública de la entidad, Rafael Antonio del Pozo Dergel, indicó que las transacciones presentan “graves irregularidades”, además de que no existen expedientes completos; no se respetó la normatividad, y se vendió a precios de venta muy por debajo del valor real, “que en algunos casos no llegaron al uno por ciento”.
De acuerdo con la investigación del gobierno actual, los adquirientes beneficiados destacan familiares cercanos del exgobernador Borge Ángulo.
Algunos de los adquirientes beneficiados son accionistas de una empresa naviera operadora de servicios de transporte público marítimo en Quintana Roo.
Del Pozo Dergel hizo notar que esa empresa adquirió tres barcos en los últimos cuatro años, los cuales tienen un valor en el mercado superior a los siete millones de dólares; y está integrada por personas “relacionadas laboral y profesionalmente desde hace muchos años con el anterior gobernador y su familia”.
Las enajenaciones son por un total aproximado de nueve mil 500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros cuadrados, y para tener una dimensión de dicha superficie, equivale a más de seis veces el total de la zona hotelera de Cancún, o bien 24 de Isla Mujeres.
Las ventas se dividen en:
Bacalar se vendió el 6% de la reserva territorial total
Felipe Carrillo Puerto el 10%
Tulum el 20%
Cozumel el 23%
Benito Juárez el 36%
Solidaridad 52%
Puerto Morelos más del 60%
Señaló que el gobierno de la entidad presentó ya una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), e hizo lo propio en la Fiscalía General del Estado, y continuará recabando información en tanto vencen los 60 días hábiles que se tiene de plazo para dar por concluido el proceso de entrega-recepción de la administración.
“Es de vital importancia que las autoridades competentes investiguen y comprueben la procedencia de los recursos y su situación ante las autoridades hacendarias, para determinar si dichos accionistas tuvieron la capacidad económica para adquirir predios y barcos”, dijo Del Pozo en noviembre pasado.
AM.MX/fm
