MANAGUA, NICARAGUA.- En un contexto en el que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene las confiscaciones como herramienta de represión política, el Parlamento, controlado por el Frente Sandinista, aprobó la semana pasada una ley que declara propiedad estatal una franja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de todas las fronteras de Nicaragua. La norma, que ha generado temor entre propietarios de fincas, empresarios, pueblos indígenas y ambientalistas por su “carácter confiscatorio”, otorga al Ejército de Nicaragua —leal a la pareja presidencial— el control y resguardo de esa vasta zona.
Se trata de una nueva Ley de Territorio Fronterizo que declara como “territorio fronterizo” el área comprendida desde el límite internacional hasta 15 kilómetros hacia el interior del país, ahora convertida en una “zona especial” bajo resguardo de los militares. En su artículo 2 de la normativa establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”.
La nueva ley deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, aprobada en diciembre de 2010 y que establecía un régimen especial para el territorio fronterizo, tanto terrestre, marítimo como aéreo, con “el objetivo de garantizar la soberanía, seguridad e integridad territorial, así como promover el desarrollo sostenible en esas zonas”. Los 15 kilómetros del territorio fronterizo ya estaban contemplados en la legislación anterior, pero solamente los primeros cinco —comprendidos desde el límite fronterizo hacia el interior del territorio nacional— eran considerados “área inalienable del Estado de Nicaragua”.
Las confiscaciones son un tema delicado y temido entre los nicaragüenses, en especial después de las protestas de 2018, cuando la pareja presidencial comenzó a expropiar propiedades de opositores, organismos de sociedad civil, empresarios, medios de comunicación, universidades y hasta inmuebles de la iglesia católica. La más reciente propiedad ocupada fue el colegio San José, en Jinotepe, Carazo. La misma copresidenta Murillo anunció la toma del inmueble este 12 de agosto, alegando que en esa escuela los opositores cometieron “torturas y asesinatos” durante la revuelta popular de hace siete años, y fueron responsables del asesinato del simpatizante sandinista Bismarck Martínez.
A nivel territorial, la nueva ley de fronteras tendrá sus principales afectaciones en las fronteras que Nicaragua comparte con Honduras y Costa Rica. En la zona norte, con Honduras, hay 950 kilómetros de límites que recorren zonas montañosas, ríos y territorios de comunidades indígenas y rurales. Allí hay fincas ganaderas, concesiones mineras y funciona una industria —legal e ilegal— de maderas preciosas.
Mientras que al sur, colindante con Costa Rica, la frontera terrestre tiene 309 kilómetros de largo. También recorre zonas rurales, áreas protegidas, territorios indígenas y playas con alto potencial turístico en el Pacífico. Además de fincas, en esa zona sur operan extensos naranjales, pertenecientes a grupos económicos importantes de Nicaragua. “No sabemos nada cómo va a funcionar esta ley, estamos en el aire”, asegura uno de los dueños de finca consultados.
A pesar de que hasta ahora no se conoce cómo se aplicará la ley, crece el temor por el futuro de los bienes, los cuales pueden pasar a propiedad del Estado. A sabiendas del miedo que la normativa iba a generar, el diputado sandinista Edwin Castro justificó que “la nueva ley define con claridad el resguardo de nuestra frontera para evitar las transacciones ilícitas que internacionalmente comete el crimen organizado y no afecta a los nicaragüenses que habitan ahí”.
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, advierte que la nueva ley abre la puerta a legalizar concesiones mineras en áreas protegidas cercanas a la frontera con Costa Rica. Recuerda que, entre finales de julio e inicios de agosto de 2025, el régimen otorgó tres concesiones a la empresa china Thomas Metal, en abierta contradicción con la normativa anterior.
Según Ruiz, el régimen Ortega-Murillo prevé además abrir cuatro nuevos puestos fronterizos —en San Juan de Nicaragua, El Delta, Sarapiquí y Papaturro— que favorecen intereses de capital chino que avanza a paso rápido gracias al viraje que Managua ha hecho hacia Pekín para confrontar con Estados Unidos y buscar nuevos frentes de negocio.
La Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe denunció que unas cien comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en zonas limítrofes con Honduras y Costa Rica se verán afectadas por la normativa. Aseguran que “vulnera de forma directa” su seguridad jurídica y autonomía.
“No solo contradice la normativa jurídica existente, sino que legitima el despojo de los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios y el usufructo de sus recursos naturales; permitiendo al Estado de Nicaragua realizar expropiaciones y desplazamientos forzosos de comunidades indígenas y afrodescendientes sin el consentimiento previo, libre e informado”, reza el comunicado difundido por la red de defensores.
AM.MX/fm
