Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México emitió un exhorto dirigido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una investigación amplia sobre los posibles nexos de Alejandro Moreno Cárdenas y de la dirigencia nacional y estatal del PRI en los hechos violentos registrados durante la marcha del 15 de noviembre. El pronunciamiento busca esclarecer si existió financiamiento, logística o participación directa del partido, así como su presunta relación con grupos porriles y con el grupo delictivo conocido como los 300.
Legisladores denuncian presencia de grupos de choque en la movilización juvenil
El diputado Paulo Emilio García González (MORENA) advirtió que es necesario proteger los espacios donde las diferencias políticas puedan resolverse de forma pacífica. Señaló la existencia de un “modus operandi” que habría sido utilizado por la dirigencia priista para organizar actos violentos. Según su exposición, se identificó que se reunieron alrededor de 100 porros para estas agresiones, con un pago estimado de 10 mil pesos por persona.
En la proposición presentada se afirma que la marcha, convocada en redes por influencers y grupos juveniles de la llamada Generación Z, fue infiltrada por grupos de choque, personas ligadas a estructuras de financiamiento opaco y porros organizados. Su participación habría tenido como finalidad la provocación, la desestabilización y la agresión directa contra manifestantes y cuerpos de seguridad.
Exhorto también a la FGJ CDMX para identificar y sancionar a los responsables
El Congreso capitalino exhortó igualmente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a emprender acciones para identificar, investigar y sancionar a quienes participaron en la infiltración y financiamiento de estos grupos. El objetivo, señalaron, es garantizar el derecho de las juventudes a manifestarse sin ser utilizadas por intereses políticos o criminales.
Legisladoras y legisladores confrontan posturas sobre el origen de la violencia
La diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI) expresó su rechazo al punto de acuerdo y afirmó que las acusaciones carecen de sustento: “el único sustento para acusar a la oposición es el pasquín del diario Regeneración Nacional”. Agregó que el documento se basa en una nota de 2018 y acusó al grupo de MORENA de actuar como si existiera una comisión especial que no ha sido creada.
Por el contrario, la congresista Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) recalcó que “el derecho a la protesta es sagrado” y sostuvo que lo ocurrido no fue espontáneo: aseguró que existieron grupos organizados y que incluso militantes priistas informaron sobre dichas acciones.
En su participación, Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) sostuvo que el denominado bloque negro tiene origen en el actual gobierno, mientras que Juan Estuardo Rubio Gualito (PVEM) recordó que históricamente el PRI mantuvo vínculos con grupos porriles utilizados para frenar movilizaciones sociales legítimas.
AM.MX/CV
