CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas organizaciones de productores mexicanos del campo han alzado la voz para exigir cambios fundamentales en la política comercial y agraria del país. Los campesinos independientes exigen retirar granos básicos del T-MEC y reformar la Ley de Aguas, argumentando que las disposiciones actuales resultan desventajosas y afectan la soberanía alimentaria y los derechos comunitarios.
Durante el anuncio del Octavo Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el exsenador José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, detalló la urgencia de un rediseño de la política hacia el campo. Él enfatizó que es indispensable que, en la próxima renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), México retire el capítulo correspondiente a los granos básicos para la alimentación, especialmente el maíz.
En consecuencia, la meta es dejar de someter el valor y costo de la producción nacional a la especulación de la Bolsa de Chicago. Narro Céspedes lamentó que el campo mexicano fue entregado para favorecer a otros sectores de la economía, principalmente el manufacturero, durante la negociación del TLCAN. Él sentenció: “Hoy necesitamos reconstruir el campo mexicano con nuevas políticas y nuevas estrategias, y una de ellas, es estar afuera en el tema comercial de los granos, en el tema de un tratado desventajoso, ruinoso”. Actualmente, el precio del maíz en la Bolsa de Chicago se ubica en 3,400 pesos, mientras que en México, con apoyos gubernamentales, supera los 6,000 pesos.
Demanda de Reforma Integral a la Ley de Aguas Nacionales
Por otra parte, la demanda de los campesinos no se limita al ámbito comercial, sino que se extiende a la gestión del recurso hídrico. Francisco Yasser Chew Plascencia, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST), señaló que las reformas neoliberales previas generaron un mercado del agua que terminó por imponerse al derecho constitucional de acceso al vital líquido.
Por esta razón, consideró urgente reformar la Constitución para restituir a las comunidades el derecho integral de acceso y consumo de este recurso. Chew Plascencia subrayó: “Nosotros esperamos que se retome el derecho humano al agua en su concepto integral como un elemento del hábitat y del territorio, esperamos que este asunto del reconocimiento de los sistemas comunitarios de agua potable avance”. Además, él denunció que la Ley de Aguas Nacionales de 1992 desconoció y prácticamente eliminó los derechos de agua de las comunidades indígenas y los derechos adquiridos mediante resoluciones agrarias.
José Dolores López Barrios, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), propuso un nuevo modelo para el campo basado en tres ejes: apoyo a la comercialización de los productos, respaldo a la parte crediticia, y mayores programas enfocados en la producción de alimentos.
De manera similar, José María Oviedo, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, sostuvo que los alimentos no deben incluirse en la Organización Mundial de Comercio (OMC), pues la comida no es un tema netamente comercial, sino un asunto de seguridad nacional. Mientras tanto, participantes de otras latitudes de América del Sur, Centro y el Caribe reconocieron que los regímenes de derecha siguen privilegiando a la iniciativa privada y que el crimen organizado se aprovecha de la precariedad de las comunidades campesinas.
AM.MX/fm
