Fernando Irala
Como otras varias facetas que adquiere el crimen organizado, el negocio del robo de gasolinas ha crecido, se ha estructurado y ha involucrado incluso a la población de las zonas donde opera, por una mezcla de corrupción y negligencia de las autoridades.
Por muchos de los lugares donde corren ductos petroleros ocurre este delito, pero es en municipios poblanos donde se tornó un problema inmanejable, a grado tal que las autoridades han sido ampliamente rebasadas, las policías locales y los funcionarios municipales se han vuelto piezas del engranaje del crimen, y los delincuentes que lo controlan tienen una estrategia militar para protegerse.
No es siquiera nuevo el uso de mujeres y niños para que les sirvan de escudo, o que la población comprada con sueldos y prebendas haga frente a las fuerzas de seguridad y se manifieste como si defendiesen una reivindicación social. Así lo han hecho los narcotraficantes de Michoacán y de otros sitios, y ahora lo hemos visto replicado en Puebla.
La crisis causada por los enfrentamientos con resultado de varios muertos, entre ellos miembros del Ejército, ha derivado en una acción gubernamental amplia y coordinada para abatir el viejo fenómeno.
Hace más de cinco años, hacia finales de diciembre de 2011, el Río Atoyac se incendió y explotó en San Martín Texmelucan, porque en vez de agua llevaba combustible del descontrol de tomas clandestinas.
El Estado mexicano respondió con el paternalismo de sus buenos tiempos, con el pago de indemnizaciones a todos los afectados, seguramente muchos inocentes, pero en muchos casos cómplices del saqueo de gasolinas.
Ahora, la operación militar y policiaca es mucho más compleja, porque la derrama económica del delito en pueblos y comunidades por años ha generado malos hábitos en muchos de sus habitantes.
Erradicar ese cáncer no será sencillo. Como con el narcotráfico, si pescan a los grandes líderes habrá otros que les sucedan, y los lugareños se han vuelto dependientes del dinero fácil.
Pero más vale tarde.
