Fernando Irala
Derivación de las operaciones del crimen organizado que en un inicio se dedicaba básicamente al trasiego de drogas, en muy diversos puntos del territorio nacional vemos ahora la acción de bandas dedicadas al delito como una lucrativa industria.
El descarrilamiento de un tren en Veracruz es la más reciente y audaz de sus fechorías. Pero dista mucho de ser la única.
Por años, sobre todo en el Bajío, los ferrocarriles han sido virtualmente asediados. Los delincuentes se roban las vías, ponen obstáculos sobre ellas, se las ingenian para hacer detener al tren y entonces asaltarlo. Generalmente son granos comestibles lo que se busca como botín, pero pueden ser combustibles u otras mercancías.
Como en todo el país con todos los criminales, el gran incentivo para su actividad es que se saben impunes. Rara vez los agarran, y cuando hay algún detenido es casi siempre algún chalán y no los líderes; el chalán además sale pronto de la cárcel merced a lo magnánimo que se ha vuelto el sistema penal mexicano.
Y así, progresa el asalto y descarrilamiento de trenes y de camiones de carga, el huachicoleo, el secuestro y la trata de personas, la tradicional siembra de mariguana, amapola, y ahora la fabricación de drogas de diseño y el narcomenudeo, el cobro de “derecho de piso”, y cualquier otra empresa que dé ganancias fáciles y rápidas.
Las autoridades no sólo no cumplen la elemental función de dar seguridad a la población; como avestruces niegan la realidad como si ello sirviera de algo.
La respuesta primera del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de catalogar de accidente el sabotaje al ferrocarril que originó su descarrilamiento, no es una equivocación aislada.
Más allá de la estulticia del señor Yunes, de quien nos ocuparemos en otro momento, su reacción ilustra el modus operandi de nuestros gobernantes. ¿Cómo van a abatir el delito si son incapaces de prevenirlo, y luego de darse cuenta de lo que está ocurriendo en sus narices?
