Fernando Irala
Luego de nueve meses de persecución cayó Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, al que se le atribuyen sobornos y otros actos de corrupción cuando estuvo a cargo de la empresa y antes, al ser parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
Su aprehensión en España ocurre en un momento estratégico para el actual gobierno, presionado por la incontenible criminalidad en el país y por las malas noticias en el ámbito económico, luego de un año de parálisis y retroceso productivo, y por el descenso del apoyo popular que este año empieza a ser más notorio.
Lozoya no llegará pronto. Su oposición a ser extraditado llevará a un juicio en Madrid que en el más rápido de los casos consumirá el resto de este año.
Pero ya desde ahora, cuando su extradición ocurra, y durante su juicio, el proceso se convertirá en el renovado soporte del discurso del régimen actual contra la corrupción y el saqueo de los recursos públicos.
Además, previsiblemente el arribo de Lozoya ocurrirá antes, o durante los preparativos de la jornada electoral del año próximo, que tendrá un componente federal nacional, al que se sumará la elección de gobernadores en casi la mitad de las entidades federativas del país.
Muchos apuestan a las revelaciones que el hoy indiciado puede hacer, a las que ya ha apuntado la sibilina declaración de su abogado: “él no se mandaba solo”.
Pero, confesiones y estrategias de defensa aparte, el peso de su proceso judicial tendrá de manera intrínseca repercusiones de tal magnitud en los medios, que jugarán contra toda posibilidad de recuperación del maltratadísimo PRI, y afianzarán la ventaja que desde ahora se le atribuye a Morena en la futura contienda.
Claro que si realmente Lozoya se decide a hablar, entonces sí, puede que estemos en los prolegómenos de un episodio inédito en la historia política mexicana, en un verdadero parteaguas.
Ya veremos.
