Fernando Irala
El asesinato del colega Alejandro Leyva Aguilar, a plena luz del día en San Pablo Etla, en Oaxaca, la semana pasada, ha conmocionado no sólo al gremio periodístico sino al conjunto de la sociedad mexicana, por su significado e implicaciones.
El artero crimen ha ocurrido justo cuando el régimen nos presume, como lo ha hecho desde hace meses, que los homicidios dolosos van a la baja y que la inseguridad disminuye día con dia.
Lo cierto es que desde hace años, el periodismo se ha convertido en una de las actividades de mayor riesgo en nuestro país. Lo acontecido muestra lo peligroso que resulta el ejercicio de la libertad de expresión en territorios controlados por la delincuencia, donde ésta forma parte y se confunde con el poder político.
El mes pasado, el secuestro y ejecución de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz exhibió esos nexos. Ahí las investigaciones acusan al alcalde de Ixhuatlán como quien ordenó el rapto y muerte de la comunicadora.
Hace unos días, el periodista Josué Martínez fue ejecutado en San Martín Texmelucan, Puebla, y por ese homicidio se ha detenido a un edil auxiliar de ese municipio.
En el caso de Leyva Aguilar, en Oaxaca, las investigaciones apenas se han iniciado, pero el antecedente notorio es la línea crítica del hoy finado contra las principales autoridades de la entidad; por esa evidencia de la indagatoria se han hecho cargo ahora la fiscalía federal y el gabinete de seguridad. Recientemente, se ha agregado la denuncia del corresponsal de Proceso en Oaxaca, quien ha recibido amenazas de muerte, también a causa de su labor informativa.
Otros hechos violentos se suman al terrible escenario al que nos hemos referido. En el palacio municipal de Temoac, en Morelos, el alcalde fue ultimado por hombres armados, luego de lo cual el secretario de Seguridad federal reveló que el victimado era investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Más allá de la gravedad de que la autoridad señale a una víctima como delincuente, sin que haya habido un proceso y la sentencia de un juez, el ejemplo indica la realidad que se vive en buena parte de nuestro territorio: funcionarios cómplices de la delincuencia o en cualquier caso rebasados por ésta.
A la condena unánime por el asesinato de Alejandro Leyva se ha sumado la demanda del gremio de que se investigue y condene a los autores del crimen, y la exigencia de que cese el clima de agresión letal contra los comunicadores.
Lamentablemente, no podemos ser optimistas al respecto. Los repetidos ataques a los periodistas son sólo síntomas de la profunda crisis de inseguridad por la que atraviesa el país, y de lo impunes que se sienten los agresores.
