Fernando Irala
Con la celeridad que caracteriza al Congreso de la Unión en la época de la 4T, nuevas reformas y leyes de la Guardia Nacional, de seguridad e inteligencia, fueron votadas apresuradamente por los diputados, saltándose tiempos y procedimientos legislativos, y reavivaron una vieja controversia sobre el tema.
Según lo aprobado, la Guardia Nacional se convierte formalmente en una dependencia de la Secretaría de la Defensa, lo que de facto ya ocurría, y ahora las instituciones de seguridad gubernamental podrán acceder libremente a las bases de datos, estados de cuenta bancarios, y a todo tipo de información confidencial de los particulares.
Militarización y leyes espía, le llamó la oposición a la nueva legislación que establece estas prerrogativas del gobierno, que son vistas como una invasión a la privacidad, las libertades y los derechos de los ciudadanos. Arguyen que de esa forma se encamina al país al perfeccionamiento de un sistema dictatorial en el que ya se tiene avanzado un largo trecho.
Y aunque los voceros oficiales y oficiosos defienden que con ello se intenta enfrentar al crimen organizado en sus múltiples facetas, y juran y perjuran que estas facultades no tendrán uso político, la experiencia no sólo de México, sino casi de cualquier país, es que el gobierno siempre está ansioso de controlar la vida civil, lo cual ahora será mucho más sencillo de hacer.
El riesgo es mayor porque con los actuales regímenes, se legisla al vapor y sin que los congresistas, sobre todo los de la 4T, se apliquen, ya no digamos a comprender lo que están votando, sino simplemente a leer las iniciativas.
Por ello la historia reciente es que lo que se vota en un periodo legislativo, en el siguiente hay que reformarlo o sustituirlo, por la sencilla razón de que tiene errores, omisiones o incongruencias que lo vuelven impracticable.
Así, entre yerros, improvisaciones y aspiraciones totalitarias, la criminalidad sigue actuando tan rampante, y tiene el control de vastas zonas del país, mientras el Estado se pertrecha aparentemente para combatir a los grupos delincuenciales.
El temor justificado es que la capacidad de represión a la criminalidad se use discrecionalmente contra cualquier persona, en particular contra aquellas que se manifiestan contrarias a las políticas gubernamentales.
Que no será así, nos aseguran. ¿Usted lo cree?
