Fernando Irala
Luego de tres días de una virtual veda del aguacate mexicano, las exportaciones del llamado oro verde se han podido reanudar parcialmente hacia los Estados Unidos, una vez que el gobierno ha desplegado, nuevamente, mayores fuerzas de seguridad para neutralizar la amenaza del crimen organizado, que a juicio del país vecino, pone en riesgo a los inspectores que validan las medidas de protección fitosanitaria.
No es la primera vez que ocurre esta situación. De hecho, se trata de la tercera suspensión de ese tipo en lo que va de la década, la más reciente en 2024, y la anterior en 2022, en todos los casos por razones de seguridad.
Es sabido que la delincuencia ha encontrado en la extorsión a los productores y comercializadores de la región aguacatera uno de los más pingües de sus negocios ilícitos. La tarifa de las bandas de criminales es de dos pesos por kilogramo de aguacate producido, dos mil pesos por tonelada, para permitir su corte y transportación.
Ese fruto es uno de los productos estrella de la exportación agroindustrial del país. México es el productor y exportador número uno a nivel mundial. De la cosecha anual, más de una tercera parte, más de un millón de toneladas, va al mercado estadounidense, y deja a las finanzas nacionales cerca de cuatro mil millones de dólares.
Pero ese éxito productivo y comercial no ha podido sacudirse la sombra de la delincuencia. Por el contrario, la bonanza ha sido el principal aliciente para los malhechores.
En unos meses se cumplen veinte años de que el entonces presidente Felipe Calderón puso en marcha la Operación Michoacán, para intentar fortalecer al Estado mexicano frente a los cárteles de mafiosos. Ahora esa iniciativa se ha satanizado, pero lo cierto es que la región continúa con muy graves problemas de violencia e inseguridad.
A finales del año pasado, luego de las protestas en la entidad y su repercusión nacional, por el asesinato de Bernardo Bravo, líder de los limoneros michoacanos, y días más tarde de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su Plan Michoacán, con doce ejes, más de cien acciones y una inversión de más de 57 mil millones de pesos, para garantizar la seguridad y la paz en el estado.
Desde entonces han pasado más de nueve meses, y por lo visto las cosas no han mejorado. Ha sido necesario otro guantazo de nuestros vecinos para anunciar más de lo mismo: un mayor despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.
Pero llevamos, decíamos, veinte años de planes, ofensivas y vigilancia policiaca y militar, y la única seguridad alcanzada es la que obtienen los inspectores norteamericanos, muy relativa, por cierto.
Sin embargo, la población, los trabajadores del campo y de las urbes, o quienes integran la cadena de producción, transporte y comercialización, han seguido y seguirán siendo objeto de extorsiones, cobro de piso, y amenazas a su vida e integridad.
A ver hasta cuando.
