CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables aprobaron por unanimidad el acuerdo para establecer el procedimiento para atender la acción de inconstitucionalidad 121/2019, en materia de consulta a personas con discapacidad en la Ley General de Educación.
En reunión digital, las y los integrantes de la Comisión de Educación emitieron 34 votos a favor, y de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 23.
La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), afirmó: “Tenemos un gran reto y trabajo, sin duda pondremos todo el corazón y empeño para sacar adelante esta encomienda”.
Agradeció la disposición de todas y todos los legisladores que por unanimidad se haya aprobado este acuerdo. Estamos convencidos del gran compromiso que tenemos, la responsabilidad y oportunidad de mejorar nuestro marco legislativo en materia de educación, en temas de discapacidad en la Ley General de Educación.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD), aseguró que estas acciones abonarán a que se lleve a cabo la consulta para el capítulo de educación inclusiva invalidado y que este sector de la población no sufra de una doble estigmatización al estar “sin consulta y sin derechos educativos”.
Subrayó que “no es fácil, pero esta acción será la primera a ejecutarse en la Cámara de Diputados con esta visión de inclusión y esperamos que esta aportación sirva para que en un futuro las políticas públicas pongan al centro a las personas con discapacidad cuando los temas se refieran a dicho sector. No podemos legislar sin que las personas con discapacidad sean la voz”.
Acuerdo aprobado
El acuerdo tiene por objetivo definir y coordinar el proceso al que se sujetarán las diputadas y diputados integrantes de las comisiones unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables para dar cumplimiento a la consulta establecida en el resolutivo cuarto de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad con expediente 121/2019, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En concordancia con el resolutivo tercero y en los términos del considerando sexto de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad emitido por la SCJN, la consulta a personas con discapacidad, a través del Parlamento Abierto, tendrá como resultado el proyecto de dictamen y, en caso de ser necesario, la iniciativa con proyecto de decreto relativo a los aspectos no previstos en el documento de trabajo
Respecto a la consulta y el Parlamento Abierto, el acuerdo precisa que, a efecto de contar con lineamientos específicos para cumplir con los requerimientos legales, se faculta a las juntas directivas de las comisiones de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables para emitir el Protocolo y la convocatoria que deberán aprobarse en un plazo no mayor a 14 días naturales de la aprobación del presente acuerdo.
Sobre el tiempo para elaborar la iniciativa y dictaminarla, el documento refiere que, en función al resolutivo cuarto de la sentencia de la acción de inconstitucionalidad, la invalidez de los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, del Capítulo VIII “De la educación inclusiva” de la Ley General de Educación, surtirá efecto a los dieciocho meses siguientes a la notificación.
Por lo tanto, ambas comisiones se apegarán al calendario establecido en la Convocatoria aprobada por las juntas directivas para el cumplimiento de los tiempos legales.
En cuanto a la ejecución del proceso de consulta, el desarrollo del mismo estará a cargo de las comisiones unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables, cuyas juntas directivas tendrán la facultad para resolver todos los aspectos imprevistos en el presente acuerdo, en el Protocolo de Consulta y en el Calendario, en cumplimiento a la sentencia de la SCJN.
En los artículos transitorios, el acuerdo plantea que entrará en vigor al momento de su aprobación por las juntas directivas de las comisiones unidas.
Asimismo, una copia del documento se remitirá a las juntas directivas, a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, en cumplimiento de los incisos d) y e) del artículo tercero.
Así como, de los artículos cuarto, sexto y séptimo, todos del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se define el procedimiento para atender las resoluciones judiciales en las que se vincule a su cumplimiento a la Cámara de Diputados.
Discusión de las y los legisladores
Por el PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García aseguró que es un momento histórico porque por primera vez estas comisiones trabajan para plantear una consulta a las personas con discapacidad.
Apuntó la necesidad de que en la Cámara de Diputados se diseñe un mecanismo para legislar cumpliendo con esta obligación y que todos los dictámenes que involucren el tema de discapacidad sean sometidos a consulta previa. “Sin consulta corremos el riesgo de que todos los trabajos legislativos en que se involucren los derechos de esta población puedan ser invalidados y quedemos en deuda con la misión de perfeccionar el marco jurídico nacional”.
Del PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks pidió que en el plan se ponga a las personas antes que a las organizaciones, pues estas no incluyen a la totalidad de la población con discapacidad.
Por el PRI, la diputada Yolanda de la Torre Valdez afirmó que este acuerdo es un nuevo paradigma y camino en la relación de las y los legisladores con la ciudadanía, en particular con los 20 millones de personas con discapacidad que deben opinar sobre las cuestiones que les atañen y afectan, mediante este mecanismo de consulta sobre las leyes y temas que les interesan, lo cual va a trastocar el fondo del actuar y quehacer legislativo.
La diputada Janine Patricia Quijano Tapia (PVEM) dijo que la discapacidad y quienes la tienen en casa entienden que la inclusión y la empatía debe comenzar desde el hogar y la escuela para que quienes están en esta condición no sean vistos de manera rara. “Esta discriminación es causa de una falta de información, se requiere de una educación temprana, en los libros de texto no está incluida siquiera la palabra discapacidad”.
La diputada Sonia Rincón Chanona (Morena) se dijo en disposición de colaborar en las jornadas de Parlamento Abierto, las cuales, consideró, serán extensas, pero “saldrá de la mejor manera el cumplimiento de este trabajo”.
La diputada del PRD, Olga Luz Espinosa Morales reconoció el esfuerzo de las presidencias de las comisiones unidas, donde hay unanimidad de criterios y opiniones hacia un enfoque de posibilidades en lugar de ver discapacidades, eliminado barreras para esta población y sean incluidas en la educación del país. Propuso añadir en el acuerdo la palabra “estrecha”, relativa a la forma en hacer la consulta; sustituir el término “ciudadano” por “personas” para atender a los menores con discapacidad y su opinión sea tomada en cuenta, así como priorizar a las personas y luego a las organizaciones que las representan.
Por MC, la diputada María Asención Álvarez Solís planteó su preocupación por las dificultades económicas de millones de familias para adquirir una silla de ruedas. Propuso ser la voz de la población con discapacidad en extrema pobreza para crear un fondo presupuestal y otorgarles implementos que les ayuden a trasladarse.
La diputada Esther Mandujano Tinajero (PAN) coincidió en que las organizaciones representativas no deben estar en primer término, sino las personas, ya que muchas que no tienen registro son quienes hacen más por ayudar a otros seres humanos.
En asuntos generales, la diputada Cruz Santos refirió que las observaciones, propuestas y comentarios externadas por las y los diputados durante esta primera sesión de las comisiones unidas serán consideradas en todas las actividades legislativas.
Instruyó al equipo técnico a trabajar y analizar los temas vertidos y encontrar el procedimiento adecuado para llevar a cabo todas las recomendaciones presentadas en torno a sus preocupaciones, a través de puntos de acuerdo y otro documento que recabe el sentir externado.
AM.MX/fm
