TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 26 de marzo, (AlMomentoMX).- El diputado local Jorge Omar Velázquez Ruíz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que el combate a la corrupción es prioritario en la agenda legislativa y social y se hará de manera frontal.
Entrevistado al término de la instalación de la mesa de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, así como de Procuración y Administración de Justicia, el legislador destacó que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI se suman a la propuesta del titular del Ejecutivo estatal, Eruviel Ávila, en materia anticorrupción.
Dijo que la propuesta de reforma constitucional para crear el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, presentada al Pleno por el diputado Cruz Roa Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, es incluyente y recoge las aportaciones que han hecho organismos especializados en la materia para proponer e impulsar el trabajo hecho hasta ahora por el gobernador del Estado y tener como resultado final un sistema estatal anticorrupción eficiente.
El también presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales señaló que dentro de las bondades de esta reforma constitucional se puede destacar que busca dotar a la Fiscalía General de Justicia de la entidad, del derecho a iniciar leyes en materia anticorrupción y demás ámbitos de su competencia.
Asimismo, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), a través de la Junta de Coordinación Política, también pueda iniciar leyes o decretos en el ámbito de su competencia, además de darle mayores facultades para sus tareas de fiscalización.
También propone crear el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad, en sustitución del Tribunal de los Contencioso Administrativo, que resolverá las controversias entre ciudadanos y las administraciones públicas para sancionar a quienes incurran en actos de corrupción.
En este sentido, explicó, la legislatura y el OSFEM podrán notificar al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción cuando exista indicio de falta administrativa.
La iniciativa busca eliminar el principio de anualidad en la fiscalización que permitirá auditar cuentas públicas independientemente del año en que se ejercieron los recursos, y que los particulares que participen en el manejo de recursos públicos también sean sujetos de fiscalización, mientras que los contralores internos de los órganos constitucionalmente autónomos sean nombrados por la Legislatura.
Explicó que cualquier ciudadano podrá presentar denuncias ante el OSFEM mediante pruebas sustentadas en materia de corrupción, además de proponer el procedimiento para nombrar el fiscal especializado en Combate a la Corrupción que será nombrado por el Fiscal General de Justicia y podrá ser objetado por la Legislatura.
El Consejo de la Judicatura Estatal podrá solicitar a la Legislatura la destitución de los magistrados cuando se vinculen con actos de corrupción, además de que en caso de incurrir en delitos relacionados con corrupción, los servidores públicos serán sancionados con amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas.
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