CIUDAD DE MÉXICO.— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y a la Secretaría de Seguridad Pública del mismo estado de haber torturado y detenido arbitrariamente a seis personas durante el Gobierno de Javier Duarte.
En la recomendación 118VG/2023, la CNDH señaló que el testimonio de las víctimas “demostró violaciones graves a los derechos humanos”, quienes fueron detenidas de manera violenta y torturadas “con el fin de que se inculparan de un probable delito” de homicidio en 2014, en la región de Coatzacoalcos y Las Chopas.
“Entre el 5 y el 11 de febrero de 2014, seis de las víctimas fueron detenidas de manera violenta por policías, quienes las sometieron a diversos actos de tortura con el fin de que se inculparan de un probable delito(…) ; ingresaron en centros de reclusión, donde continúan presas”, destacó.
Por actos de #Tortura, incluida la sexual, contra seis personas en #Coatzacoalcos y #LasChopas, emitimos la #Recomendación 118VG/2023 a la @FGE_Veracruz y la @SP_Veracruz.
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— CNDH en México (@CNDH) August 29, 2023
Indicó que la atracción del caso se da tras un oficio recibido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), iniciando el expediente el 27 de mayo de 2021; señaló que fue hasta 2018, que personal del Juzgado Primero solicitó realizar el Protocolo de Estambul a las personas inculpadas, lo que permitió acreditar tortura y tortura de carácter sexual en agravio de las víctimas.
Ante ello, la CNDH solicitó a la Fiscalía de Veracruz colaborar en el trámite ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, para la inscripción de las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas y se proceda a la reparación integral del daño, la cual “deberá incluir la medida de compensación, además de proporcionarles la atención médica y psicológica que requieran”.
A su vez, llamó al registro y documentación de las lesiones que presenten las personas sujetas a alguna detención y tengan huellas de tortura u otros tratos indebidos, además de conocer las responsabilidades administrativas y penales en que pueden incurrir al realizar revisiones y certificaciones médicas no apegadas a la ley.
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AM.MX/dsc
