Federico Berrueto
El fracaso del modelo de seguridad civil de los últimos tres presidentes les ha orillado a la militarización como recurso de contención de la ola de violencia resultante del crimen organizado. El deterioro de la seguridad exige un diagnóstico más a fondo y entender con meridiana claridad lo que cada uno de los elementos de solución puede aportar. La salida militar es una respuesta desesperada, parcial, insuficiente y, a la larga, contraproducente.
Los diputados del PRI y el Presidente han acordado la iniciativa de extender de 2024 a 2028 la fecha límite en la Constitución para que los militares cedan su espacio a los civiles en el mando y operación de la Guardia Nacional. La reforma concertada con la oposición en 2019 obligaba a un proceso gradual para que se transitara a un esquema civil, que no ocurrió, al contrario. Se tomaron decisiones bajo la premisa de la permanencia indefinida del esquema militar en materia de seguridad pública, rechazadas dentro y fuera del país.
Militarizar la seguridad pública va a contrapelo de las mejores prácticas en seguridad pública. Las funciones de las fuerzas armadas son insustituibles y cruciales para la seguridad nacional, no para la seguridad pública. Bajo una visión superficial pudiera pensarse que son prescindibles a la luz de una ausente amenaza militar al país. No es el caso, porque los supuestos de intervención de las fuerzas armadas son múltiples y de exclusiva competencia. Además, México tiene responsabilidades a partir de una visión regional y global en la defensa de la democracia y las libertades.
La paz actual y a la que se aspira no riñe con fuerzas armadas adiestradas y preparadas para el combate al enemigo. No es aceptable, bajo ninguna premisa, dejar al país en estado de indefensión ante una perspectiva ingenua de la política, del país y del mundo. En el mismo contexto global debe entenderse que la perspectiva punitiva al tema del consumo y comercio de drogas ilegales obliga a una seria revisión. La guerra contra las adicciones muestra pésimos resultados y sus efectos representan una seria amenaza en todos los órdenes -seguridad, salud pública, integridad institucional, legalidad- más para algunas naciones como México.
La crítica o rechazo para que las fuerzas armadas realicen actividades regulares de seguridad pública no las descalifica. La tesis es simple, la seguridad pública es una función civil y una responsabilidad de las autoridades civiles, no militares, como también son muchas otras tareas que el presidente López Obrador les ha asignado, comprometiendo su esencia y tarea constitucional. La idea de cuidar a las fuerzas armadas significa respetar su función y su esencia, no emplearlas para tapar el hoyo de la inseguridad por la negligencia o incapacidad de las fuerzas civiles. Por ello su intervención debe ser provisional, temporal y limitada territorialmente.
Lo más preocupante de la iniciativa de los diputados PRI es que implica dar continuidad a la negligencia compartida en el necesario fortalecimiento de las policías locales y municipales y, de la misma forma, avala el incumplimiento del gobierno federal de hacer de la Guardia Nacional una institución civil, tal como lo ordena la Constitución.
Para los gobiernos locales, especialmente los que se encuentran bajo asedio de la violencia del crimen organizado, es impensable disminuir a la presencia militar en labores de seguridad pública para 2024. Precisamente, por esa consideración la iniciativa no debe ser una simple extensión de la situación existente y contraria la Constitución respecto a la Guardia Nacional y a la seguridad pública. Necesariamente debe recuperarse el sentido original de la reforma, es decir, las acciones, recursos y determinaciones para hacer realidad el tránsito civil de la Guardia Nacional, así como el apoyo a la modernización de las fuerzas locales y municipales.
Al igual que la prisión preventiva, recurrir a la opinión pública para determinar la evolución militar de la Guardia Nacional no sólo es un despropósito, sino una trampa que se recrea en el prejuicio popular. Las respuestas punitivas y la estima popular al Ejército y Marina no deben utilizarse por oportunismo político para minar las bases de las libertades, los derechos humanos y una visión progresista y humanista de la seguridad pública y de la justicia penal.
