La propuesta contempla un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y fortalece la coordinación institucional.
CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, propone un nuevo modelo de acceso a la justicia que busca cerrar cualquier espacio para la impunidad y poner en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas, así como garantizar una respuesta homologada del Estado mexicano frente al delito de feminicidio.
Este nuevo marco legal elimina la fragmentación jurídica en el país, mediante un tipo penal homologado de 10 razones de género, entre las que destacan: signos de violencia sexual, antecedentes de violencias contra la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios y contextos de asimetría o desigualdad de poder.
Además, se establece una pena de 50 a 70 años de prisión y se contemplan 19 agravantes que aumentan la sanción. El catálogo incluye situaciones como que la víctima sea niña, adolescente o adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad, o bien, si es periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
Al respecto, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, detalló que este proyecto de ley pone al centro las necesidades de quienes sufren las consecuencias de la violencia feminicida.
“Esta Ley General contempla no solo aspectos de la investigación, sino también todo lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas”, explicó la subsecretaria, quien enumeró garantías fundamentales como el acceso a la verdad, asistencia jurídica especializada y gratuita, atención médica y psicológica de urgencia, así como la restitución o entrega del cuerpo de las víctimas de una manera digna, respetuosa y asistida.
Señaló que uno de los pilares de la iniciativa es proteger a las hijas e hijos de las víctimas mediante la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
En el aspecto procesal, la propuesta determina que el Ministerio Público debe investigar de oficio y de manera inmediata toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio.
La subsecretaria también destacó que la iniciativa establece límites a la difusión de contenidos violentos para proteger la dignidad de las víctimas directas e indirectas. “Una cosa es informar y otra hacer apología de la violencia con imágenes y contenidos que devalúan o degradan la dignidad de las víctimas y sus familias”, afirmó.
Asimismo, la propuesta busca cerrar la puerta a la impunidad al establecer que el delito de feminicidio, su sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles, además de prohibir criterios de oportunidad, amnistías, conmutación de penas o libertades condicionadas. También prevé la pérdida de derechos sucesorios, de la patria potestad, tutela o custodia de hijas e hijos, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Las políticas públicas se articularán mediante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Desde la Secretaría de las Mujeres, este esfuerzo se fortalece con una red de atención integrada por los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), los Centros de Justicia para las Mujeres, los Espacios de Refugio Especializados, la Línea de las Mujeres 079, opción 1, y la Red de Abogadas de las Mujeres.
AM.MX/fm
