CIUDAD DE MÉXICO.— Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Equidad de Género del Congreso de la Ciudad de México se declararon en sesión permanente para continuar con el análisis y discusión de la iniciativa para sancionar las llamadas “terapias de conversión”.
En sesión virtual, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, refirió que era prudente hacer una revisión a profundidad de esta iniciativa, puesto que la regulación no solo debería de contemplar el ámbito penal, sino también abarcar la Ley de Salud y la Ley de Establecimientos Mercantiles.
“Las terapias de conversión no deben quedar reguladas o prohibidas sólo en el ámbito penal. Debe existir un mecanismo en materia administrativa que permita que desde la Ley de Salud y de Establecimientos Mercantiles locales se prohíba su existencia, esto con la finalidad de que no exista una carga excesiva en el ámbito penal”, señaló.
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Por su parte, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, Paula Soto, reconoció que es conveniente darse un tiempo para el análisis de la iniciativa; no obstante, resaltó la necesidad de sacar el proyecto lo más pronto posible.
“De verdad es un pendiente que tenemos en el Congreso de la Ciudad de México y hemos cubierto todos los requisitos para poder avanzar. Sabemos, no se le oculta la verdad a nadie, quienes estamos a favor y quienes están en contra”, expresó.
La iniciativa propone reformar el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de México.
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En ese diálogo también participaron los titulares del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), de la Comisión de Derechos Humanos (CDH-CDMX) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas locales, que presentaron propuestas para modificar el Código Penal local.
Al respecto, Armando Ocampo, comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, propuso duplicar las penas propuestas, que fueron de dos a cinco años de prisión y 80 horas de servicio comunitario y añadir el retiro de patente para inhibir a aquellos que pretendan iniciar programas de conversión de la personalidad del individuo.
Mientras que Geraldina González, titular del Copred, urgió a los legisladores a actuar pronto en la materia, pues han recibido denuncias de que en el marco del confinamiento por el Covid-19, algunas personas han comenzado a realizar terapias de conversión hacia sus familiares.
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AM.MX/dsc
