Ciudad de México.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, actuando a través de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, organizó el foro “El Plan General de Desarrollo como eje de la política pública con enfoque de DDHH en la CDMX”. Este evento, celebrado el pasado 13 de febrero, se consolidó como un espacio estratégico para robustecer el Plan General de Desarrollo (PGDCDMX) desde una perspectiva garantista y colectiva.
El enfoque de derechos humanos como una transformación estructural profunda para colocar la dignidad humana como el eje rector
Durante el acto inaugural, especialistas como María Dolores González Saravia Calderón y Aarón Garduño Jiménez enfatizaron que “el enfoque de derechos no es solo una metodología, sino una transformación estructural que coloca la dignidad humana como eje rector de la acción pública”. Esta premisa busca que el desarrollo de la capital no sea solo administrativo, sino que responda a la justicia social, la igualdad y la sostenibilidad de manera permanente.
El Plan General de Desarrollo se articula bajo tres pilares fundamentales: urbanismo socioambiental, sistema de cuidados y retorno a lo público. Al sustentarse en el derecho a la ciudad, se reafirmó que el diálogo abierto es la herramienta clave para edificar acciones colectivas que transformen la realidad urbana, asegurando que la participación ciudadana construya nuevos horizontes para todos los habitantes de la metrópoli.
La generación de riqueza y oportunidades económicas mediante modelos de desarrollo que impulsen el empleo digno y reduzcan desigualdades
En la mesa dedicada al desarrollo económico, Daniela Cordero Arenas destacó la urgencia de fortalecer a las MiPyMES y fomentar la innovación verde para reducir brechas estructurales. Por su parte, Saturnino Canto Chac subrayó una visión esencial para la política pública actual: “los derechos humanos son jurídicamente exigibles y que la igualdad no es resultado del crecimiento, sino una condición para el desarrollo”.
Bajo esta óptica, el empleo digno debe ser el objetivo central de cualquier estrategia financiera, integrando políticas sociales y económicas de forma coherente. La propuesta incluye la asignación de presupuestos etiquetados con perspectiva de equidad y un acompañamiento sostenido a la economía social, permitiendo que la productividad se traduzca en bienestar real para los sectores más vulnerables de la población.
La consolidación de un bienestar integral que garantice la equidad y asuma la inclusión como un principio estructural obligatorio
Expertas como Teresa Shamah Levy y Mirell Moreno discutieron la importancia de superar las visiones asistencialistas del pasado. Shamah Levy recordó que “los derechos son obligaciones del Estado, lo que implica dejar atrás visiones asistenciales y asumir la inclusión como principio estructural”. Este cambio de paradigma exige que las políticas públicas eviten reproducir exclusiones y se enfoquen en disminuir las desigualdades reales en el territorio.
Asimismo, se propuso un modelo de urbanismo social, ecológico y cultural que promueva una ciudad más justa e incluyente. Para garantizar que estos esfuerzos no queden solo en el papel, se planteó la necesidad de implementar indicadores claros que permitan medir con precisión los avances en el cumplimiento del PGD, asegurando que el derecho a la ciudad sea una realidad tangible para todas las personas.
El avance hacia una ciudad inteligente y sostenible mediante la digitalización eficiente y el uso ético de las nuevas tecnologías
El foro también abordó la transición tecnológica, donde se exploró la implementación de un gobierno 24/7 y la digitalización de trámites para mejorar la eficiencia administrativa. Académicos e investigadores señalaron que este progreso debe ir acompañado de una transparencia activa y un manejo ético de la información, enfrentando retos contemporáneos como la ciberseguridad y la protección de datos personales en el entorno digital.
Finalmente, representantes de la sociedad civil coincidieron en que las soluciones tecnológicas y las políticas públicas deben partir de una perspectiva interseccional. Al fortalecer la articulación con organizaciones sociales y enfocarse en los grupos de atención prioritaria, la Ciudad de México busca consolidarse como una urbe segura y sostenible que utiliza la innovación para blindar los derechos fundamentales de su ciudadanía.
AM.MX/CV
