NAUCALPAN.— En este medio hemos dado seguimiento a las controversias que rodean a distintas asociaciones vecinales en el Estado de México, particularmente en zonas donde residentes han denunciado falta de transparencia, decisiones tomadas sin consulta y conflictos internos por el manejo de cuotas comunitarias.
Ahora, a partir de investigaciones publicadas por otros medios, el debate comienza a mostrar una dimensión más amplia: el problema ya no sólo involucra a asociaciones de colonos o mesas directivas, sino también a actores políticos, asesores jurídicos y liderazgos partidistas que han encontrado en las causas vecinales una vía para incidir en la conversación pública de Naucalpan.
El caso es visible en zonas como Lomas Verdes, Satélite y Boulevares, donde conflictos relacionados con desarrollo urbano, agua, movilidad, seguridad, casetas y administración vecinal han coincidido con la presencia de figuras vinculadas a Movimiento Ciudadano, así como con perfiles jurídicos y comunitarios que participan activamente en estas discusiones.
Las causas vecinales suelen surgir de preocupaciones legítimas. Los residentes tienen derecho a cuestionar obras, exigir transparencia, pedir mejores servicios o defender su calidad de vida. Sin embargo, cuando esas demandas empiezan a conectarse con estructuras partidistas, la discusión deja de ser únicamente comunitaria y abre preguntas sobre quién representa realmente a los vecinos, así como quién capitaliza su inconformidad.
Uno de los antecedentes de esta conversación se ubica en la oposición al Plan Municipal de Desarrollo Urbano impulsado durante la administración de Patricia Durán. En ese periodo, distintos grupos vecinales y actores legales tomaron visibilidad pública al advertir riesgos por crecimiento inmobiliario, falta de agua y saturación urbana. En ese entorno aparecieron nombres como Esther Tapia, quienes han coincidido en posicionamientos relacionados con causas urbanas en Naucalpan y se han convertido en liderazgos visibles.
Con el tiempo, algunos de esos liderazgos pasaron del activismo vecinal a una participación política más clara. Esther Tapia fue candidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Naucalpan. En la misma planilla apareció Luiver Valeria del Portillo Pérez como suplente, identificada por vecinos como exdirigente de la Asociación de Colonos de la Sexta Sección de Lomas Verdes.
Esa coincidencia ha sido observada con atención por residentes, debido a que la Sexta Sección de Lomas Verdes arrastra desde hace años cuestionamientos internos por reportes financieros considerados insuficientes, pagos a proveedores sin explicación clara y falta de rendición de cuentas sobre cuotas de mantenimiento.
Entre los conceptos señalados por vecinos aparecen gastos de vigilancia, mantenimiento, servicios, papelería, bonos, impuestos, comisiones bancarias y honorarios profesionales. En este último rubro, algunos residentes han señalado presuntamente a un abogado de apellido Miramontes como vinculado a pagos que, aseguran, no han sido aclarados con detalle respecto a servicios prestados, resultados obtenidos y criterios de contratación.
Para los colonos inconformes, el punto de fondo no se limita a un proveedor específico. Lo que preocupa es que ciertas estructuras vecinales puedan funcionar como espacios cerrados de influencia, desde donde se administran recursos, se construye interlocución pública y se genera capacidad de presión territorial sin controles suficientes.
A esta conversación también se suma Ana Ramírez Cendón, figura vinculada a Movimiento Ciudadano en Naucalpan. Su nombre ha aparecido en controversias vecinales en Boulevares, donde vecinos, comerciantes y locatarios la señalaron públicamente por presunto abuso de poder, corrupción y supuestas prácticas de presión económica cuando encabezaba el COPACI de la zona.
Más recientemente, medios nacionales reportaron que Ramírez Cendón y Esther Tapia fueron trasladadas ante el Juez Cívico por una controversia relacionada con pintas presuntamente realizadas sin permiso. El episodio fue leído por algunos sectores como una muestra de la tensión que existe entre activismo vecinal, confrontación política y operación territorial en Naucalpan.
Otra pieza del mapa apareció alrededor del llamado a cerrar Periférico. Publicaciones periodísticas señalaron que una convocatoria presentada como movilización ciudadana, bajo el nombre de una supuesta alianza vecinal, mostraba posibles vínculos con actores relacionados con Movimiento Ciudadano, entre ellos Joaquín Pérez Oseguera, identificado públicamente como militante y excandidato de ese partido.
De acuerdo con esas revisiones, los canales digitales asociados a la convocatoria incluían datos de contacto relacionados con Pérez Oseguera. Esto abrió dudas sobre el origen y la conducción de una movilización que se difundió como espontánea, pero que para algunos observadores locales pudo haber mezclado reclamos vecinales reales con intereses de posicionamiento político.
Como ciudadanos tenemos el derecho, así como la responsabilidad de organizarnos para exigir soluciones a nuestras preocupaciones sobre movilidad, agua, seguridad, transparencia o desarrollo urbano. Sin embargo, lo que no podemos permitir es que los intereses políticos de partidos políticos y los de personas que solo velan por su interés personal sean los que lideren los movimientos vecinales.
Mientras no existan mecanismos más claros de transparencia en asociaciones vecinales, reglas para evitar la captura política de causas comunitarias y procesos verificables de representación, los conflictos locales seguirán siendo terreno fértil para redes que se presentan como ciudadanas, pero que también pueden responder a intereses políticos.
La pregunta que queda abierta para Naucalpan es sencilla: ¿quién representa realmente a los vecinos y quién utiliza sus causas para construir poder?
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AM.MX/
