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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre (AlmomentoMX).- Las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, aprobaron por mayoría, en lo general, la minuta de la Ley de Seguridad Interior.

La moción suspensiva para suspender la sesión de las cuatro comisiones dictaminadoras, fue presentada por el senador Benjamín Robles Montoya. Se desechó por 15 votos a favor y 8 en contra.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz consideró urgente darle viabilidad al marco normativo, pues en la última década el país ha atravesado por una crisis rebasa el umbral de la seguridad pública, y pone en riesgo la seguridad interior, como es la delincuencia organizada, generadora de delitos derivados del narcotráfico, entre otros.

El senador Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró el debate ha sido amplio y por muchos años se escucharon todas las opiniones y voces respecto a este delicado asunto. Negó que se haya dado un “procedimiento atropellado” o “fast track” para aprobar este proyecto.

El senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, manifestó que los cambios son insuficientes y no generan ningún tipo de control adicional y extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos; sólo se trata de cubrir la inconstitucionalidad de la Ley, fomentan la opacidad y no cumplen con las expectativas de los organismos internacionales y especialistas.

El senador Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, aseguró que las Fuerzas Armadas “no están regateando” el apoyo de los senadores, sino que han solicitado un marco jurídico para servir mejor a México; “no creo que estas intenciones sean para afectar a los mexicanos”, expresó.

Los senadores que se manifestaron en contra señalaron que esta Ley busca encubrir el fracaso de una estrategia de seguridad, pretende regresar al país al presidencialismo autoritario con facultades metaconstitucionales y no garantiza la paz, la seguridad ciudadana ni da certeza jurídica. Además, se reconoce la rendición del Estado frente a la crisis de inseguridad.

Los senadores a favor indicaron que la ley no implica la militarización del país, sino el fortalecimiento de las acciones del gobierno con reglas claras para la sociedad y las fuerzas armadas, para que no sean utilizadas de forma “caprichosa” por los gobiernos de los estados, y además refiere de forma clara el respeto a los derechos humanos.

El senador Fernando Torres Graciano informó que se presentarán propuestas de modificación para su discusión en el Pleno a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21 22, 26 y la adición de un transitorio del proyecto de decretó. En tanto, la senadora del PAN, Pilar Ortega Martínez anunció que se reservaba los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34.

Sin embargo, el Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hicieron “un llamado urgente” al Estado mexicano para abstenerse de aprobar esta ley que busca dar marco legal a la actuación de las fuerzas armadas.

Esta postura fue secundada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de Twitter.

A finales de 2006, el gobierno lanzó a las calles una controvertida ofensiva militar antidrogas, generando una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 muertos y 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no precisan cuántas de las víctimas están relacionadas al crimen organizado.

Además, a raíz de este operativo surgieron numerosas denuncias de abusos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de las fuerzas armadas.

Así, la ONU y la CNDH rechazaron la nueva ley y pidieron que el Estado mexicano atienda “sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos”.

Varias universidades también se mostraron detractoras y abogaron por un diálogo nacional que “dé voz a las víctimas de la violencia y privilegie los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico”.

La aprobación de esta iniciativa “corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan prever las consecuencias”, indica un comunicado firmado por rectores de instituciones como la pública Universidad Nacional Autónoma de México y la privada Universidad Iberoamericana.

Por su parte, la alemana Evelyne Gebhardt, miembro del Parlamento Europeo, expresó su “gran preocupación” sobre la posible promulgación de esta iniciativa.

“Es inaudita la forma en la que las comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los efectos perversos” de esta ley, dijo Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México.

Una decena de comisiones estatales de derechos humanos también rechazaron la nueva ley mientras que la CNDH dijo en días recientes que prepara una acción de inconstitucionalidad en caso de que el proyecto sea aprobado.

AM.MX/fm

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