CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó, con 76 votos a favor, garantizar que la educación que se imparte a personas con discapacidad no sea interrumpida por alguna emergencia y, en su caso, se haga uso de la tecnología para implementar el uso de modalidad a distancia con el propósito de que los alumnos puedan continuar con sus estudios.
En el dictamen se considera que durante la pandemia se suspendieron las actividades de educación inicial, lo que se pudo haber evitado con el uso e implementación de acciones de tecnologías de la información para seguir con la formación de los estudiantes.
Los senadores añadieron que es necesario que el acceso a la educación tenga un enfoque de progresividad y de universalidad de los derechos humanos, al que el Estado mexicano está obligado, por ello aprobaron el proyecto de decreto para adecuar la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Y establecer que en caso de emergencia y a fin de que no se interrumpa este tipo de educación se podrá hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Esta propuesta busca reformar los artículos 2 y 12, así como adicionar un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General para la inclusión de Personas con Discapacidad, en materia de educación inclusiva. Fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, destacó que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del Estado y de la sociedad, pero reconoció que las personas con discapacidad no siempre cuentan con herramientas que les permitan acceder al sistema educativo, por lo que es necesario que las instituciones educativas adapten un entorno para buscar el crecimiento integral de las personas con discapacidades transitorias o permanentes.
Agregó que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven seis millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, que representan el 4.9 por ciento de la población del país, y destacó que tres, de cada 10 niños de cinco a 17 años en esta condición, no asisten a la escuela.
Además, el Senado de la República aprobó, con 81 votos a favor, un proyecto de decreto para incorporar a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad el concepto de acceso a una vida libre de violencia para este sector, a fin de mejorar sus condiciones de vida y libre desarrollo de su personalidad.
En la actual ley, se subraya en el dictamen, no se considera de manera concreta que las personas con discapacidad puedan vivir tranquilas, a diferencia de otras leyes generales sobre grupos vulnerables como las mujeres, las niños, niñas y adolescentes.
La Cámara de Senadores también avaló, con 71 votos a favor, un proyecto de decreto para garantizar el derecho de las personas adultas a controlar y decidir si desean internarse en alguna institución pública o privada o de asistencia social para su cuidado, a fin de evitar cualquier tipo de violencia sobre ellos.
Los senadores destacaron que con esta propuesta se construye el andamiaje jurídico, político y social para proteger el derecho a una vida digna y tranquila para este sector; además, se garantiza que cada persona puede controlar y decidir sobre sí misma, sobre su salud o su cuerpo sin que exista algún tipo de injerencia o impedimento para hacerlo.
En el proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, los legisladores coincidieron que no puede y ni debe existir alguna circunstancia o condición para que este sector de la población carezca de autonomía personal y la libertad de tomar decisiones sobre su persona, su propio cuerpo o su salud.
AM.MX/fm
