CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado de la República aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para que las personas empleadoras se abstengan de solicitar o exigir la presentación de cartas de no antecedentes penales para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Con 69 votos a favor, las y los legisladores avalaron el proyecto que prohíbe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de antecedentes penales.
El proyecto también reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, para que no se discrimine a razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o antecedentes penales, para el ingreso, permanencia o ascenso de los trabajadores.
Lo anterior, salvo en los supuestos establecidos por el artículo 27 fracción IV de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Al presentar el dictamen, que se envió a la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, dijo que el proyecto está encaminado a impulsar una verdadera oportunidad de reinserción social para las personas que hayan cometido algún delito.
Recordó que quienes salen de la cárcel no sólo se encuentran tras el escrutinio público, también ven truncada sus oportunidades para acceder a un empleo digno, lo que ocasiona que sólo tengan oportunidad a empleos precarizados, por lo que podrían recaer en actos delictivos.
Por su parte, la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, consideró que para la iniciativa privada el no pedir la carta de antecedentes penales está bien, pero no en la Administración Pública.
Dijo que, en el caso de Aguascalientes, hay funcionarios corruptos, “me parece un error en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el no pedir la carta de antecedentes penales”.
El Pleno del Senado también aprobó, con 75 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, un dictamen que modifica diversas leyes, con el propósito de establecer un lenguaje inclusivo en la redacción de los ordenamientos jurídicos, con el objeto de dar continuidad a la política en el trabajo legislativo que se ha implementado en materia de lenguaje de género.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, expresó que el uso del leguaje incluyente en la redacción de las leyes es fundamental para construir una sociedad más igualitaria, democrática y justa.
Por ello, explicó, la propuesta busca que se utilicen términos que no discriminen ni excluyan a ninguna persona por razón de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad u otras características personales.
El proyecto se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y trámite correspondiente.
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