CIUDAD DEMÉXICO.- Las comisiones unidas de Igualdad de Género, y la de Justicia, que presiden las diputadas María Wendy Briceño Zuloaga (Morena) y María del Pilar Ortega Martínez (PAN), respectivamente, aprobaron el dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, a fin de definir la violencia digital y mediática.
El dictamen, avalado con 17 votos de la Comisión de Justicia, y 25 a favor y uno en contra de la Comisión de Igualdad de Género, agrega un artículo Cuarto Ter, denominado “de la violencia digital y mediática” al Título Dos de la citada Ley General, y adiciona un Capítulo Dos, llamado “Violación a la intimidad sexual”, al título Séptimo Bis del Código Penal Federal.
La diputada Briceño Zuloaga indicó que estas reformas establecen las bases para garantizar la protección de la vida privada de las personas, particularmente mujeres, además de considerar sanciones justas a quienes violenten estos derechos a través de las plataformas digitales.
Esto se puede dar mediante la divulgación, compartiendo, distribuyendo, compilando, comercializando o publicando imágenes, audios o videos con contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital.
“Aunque representa un paso y debe votarse en sus términos, sabemos que hay diversas observaciones que no caen en saco roto y que seguirán siendo atendidas”.
La diputada Ortega Martínez aseveró que esta reforma servirá para proteger en mayor medida los derechos de las mujeres; se da respuesta a temas de violencia digital en la que en mayor medida son víctimas niñas y mujeres.
Comentó que se debe ver cómo se aplica en los hechos e irla perfeccionándola conforme pasa el tiempo, con correcciones futuras para que sirva al Ministerio Público y rompa la impunidad de este tipo de conductas.
“Es muy importante este paso que estamos dando para que finalmente en el Código Penal Federal y en la Ley General se puedan establecer estos tipos de violencia, en la lucha contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, y pase al Pleno de la Cámara antes de que concluya el periodo legislativo”.
La diputada María Lucero Saldaña Pérez (PRI) resaltó que la violencia se manifiesta en diferentes espacios y el ámbito digital puede representar, a veces, algo que no se puede impedir, pero cuando ya hay sanción es como se puede tener acceso a la justicia.
Del PRD, la diputada Leticia Martínez Gómez dijo que la minuta permitiría atender la violencia digital de género como una extensión de la problemática actual que profundiza las desigualdades. “Es importante la implementación de políticas que garanticen a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia”.
La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) señaló que la reforma será fundamental para sancionar la violencia digital mediática, además de combatir el acoso, hostigamiento y la difusión de contenido sexual en contra de las mujeres en las plataformas de Internet o redes sociales.
Del PT, la diputada Ana Ruth García Grande comentó que este dictamen viene a cubrir un vacío que exige ser atendido. “Construyamos un andamiaje donde las víctimas de violencia digital vean instrumentos legislativos que tengan como corolario la obtención de la justicia”.
De la misma bancada, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, manifestó que es de vital importancia que se logre avanzar en este tema y se entregue este instrumento jurídico, a fin de que las personas que están buscando acceder a la justicia puedan hacerlo.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) indicó que la violencia digital es toda aquella acción a través de la cual se expone, distribuye, difunde, exhibe y comercializa imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento, lo que será sancionado penalmente.
Delitos contra la libertad y el buen desarrollo psicosexual
Asimismo, con 24 votos de la Comisión de Igualdad de Género, y 18 de la Comisión de Justicia, fue aprobado el Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de prescripción de delitos contra la libertad y el buen desarrollo psicosexual.
Menciona que en los casos de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia Trata de Personas, los plazos para la prescripción se interrumpirán si el sujeto activo desempeña o asume algunos de los cargos establecidos en el artículo 110 de la Constitución, y los plazos volverán a correr desde el día en que concluyan sus funciones.
En los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de trata de Personas, que hubiesen sido en contra de una persona mayor de dieciocho años de edad, se observarán las reglas para la prescripción legal contenidos en este capítulo, pero el plazo de la prescripción de la acción penal será igual al máximo de la pena prescrita para el delito del que se trate.
La diputada Briceño Zuloaga explicó que el objetivo es evitar la prescripción de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y trata de personas cuando el sujeto activo o agresor desempeñe o asuma algunos de los cargos establecidos en el artículo 110 de la Constitución, a fin de que las víctimas tengan mayor margen de actuación en la persecución y sanción de dichas conductas.
Subrayó que ambas comisiones coinciden en la importancia de los problemas planteados por las legisladoras, toda vez que la seguridad y certeza jurídica constituyen pilares fundamentales en la búsqueda de acceso a la justicia de las víctimas de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.
La diputada Ortega Martínez destacó que además de los aspectos psicológicos y emocionales que llevan a las víctimas a difícilmente denunciar estos hechos o que lo hagan después de mucho tiempo, hay cuestiones estructurales que dificultan el acceso a la justicia, como el uso del poder público para la obtención de la prescripción. “Con esto se busca evitar que las y los servidores públicos utilicen su encargo para obtener impunidad”.
Aseveró que es fundamental incidir en abatir la impunidad en este tipo de delitos cuando se cometen bajo el manto de protección de un cargo público o del poder, y que esto termine por lastimar o deteriorar la vida de muchas mujeres”.
La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (Sin partido) dijo: “Hoy celebró que reconozcamos que la violencia contra las mujeres es un hecho cotidiano que, desafortunadamente, ha sido naturalizado por diversas instancias o actores como parte de un sistema de violencia institucional”.
Del PRI, la legisladora María Lucero Saldaña Pérez indicó que este dictamen tiene que ver con hacer justicia con enfoque a las víctimas, ya que son a las que menos se les protege. “Muchas veces se ve dañada la salud de las víctimas que han sufrido actos de violencia sexual y requieren de su tratamiento”.
La diputada Carmen Patricia Palma Olvera (Morena) comentó que ha sido histórico el trabajo realizado sobre estos temas en esta Legislatura. “La no prescripción de un delito tan grave que las mujeres hemos padecido es, finalmente, una realidad”.
Por el PT, la diputada Ana Ruth García Grande resaltó que la normalización de la violencia en nuestro país no debe ser una constante. “Hay delitos que no son denunciados y este dictamen viene a contribuir a que las víctimas puedan acceder a la justicia”.
La diputada Leticia Martínez Gómez (PRD) comentó que el derecho de acceso a la justicia requiere que ésta se administre rápidamente para no violentar a la víctima que es, en última instancia, a quien se está tratando de proteger en este dictamen.
La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) apuntó que esta iniciativa fue elaborada al tenor de muchos hechos de los últimos meses donde se ve a personas que se escudan en el fuero para tener un manto de impunidad y no enfrentar las penas por sus actos. “Las mujeres son víctimas de un sistema de justicia deficiente”.
La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) lamentó que las leyes no puedan ser retroactivas; hay bastantes políticos que podrían ser castigados con esta propuesta, pero tampoco puede irse al extremo contrario y que no haya una garantía para las personas que fuesen los y las victimarias.
Del PRI, la diputada Cynthia Iliana López Castro pidió dejar en claro que las legisladoras están en contra de estos abusos, especialmente de quienes han buscado ser candidatos. “Quien tiene dinero y poder cambia el rumbo de las cosas, pero sea quien sea debe cumplir la ley, pues hay muchas personas que están injustamente en la cárcel y los verdaderos agresores están fuera”.
AM.MX/fm
