CIUAD DE MÉXICO.- La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, que preside la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, aprobó un dictamen que exhorta al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a la Guardia Nacional, para que revisen sus protocolos de actuación y del uso de la fuerza, ante el aumento de los flujos migratorios en la frontera sur.
En el documento, las y los legisladores mencionaron que es esencial que las instituciones en México fortalezcan sus medidas y respeten, protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección que se encuentran en el país.
Por ello, también se hace un llamado al INM y a la Guardia Nacional para que garanticen en todo momento los principios de no rechazo en fronteras, de no devolución de las personas solicitantes de asilo, de no detención de niñas, niños y adolescentes, y del principio de unidad familiar.
Además, se consideró que el actuar de la Guardia Nacional, como coadyuvante del Instituto Nacional de Migración, “debe apegarse siempre al estado de derecho y al uso de la violencia limitada”.
Asimismo, las y los integrantes de la Comisión solicitaron al INM un informe sobre los procesos administrativos y legales de los que fueron sujetas las personas funcionarias públicas que utilizaron la fuerza o vulneraron los derechos las personas migrantes.
También pidieron que se entregue un informe con el número de personas migrantes que han sido detenidas en la frontera sur del país o que se encuentran en alguna estación migratoria de esa zona, especificando su origen, sexo, edad, motivos y lugar de detención y estatus de su solicitud de asilo.
De igual forma, el dictamen propone exhortar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes, y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, un informe sobre las acciones que está implementando para que se respeten y garanticen los derechos de las y los infantes.
La política migratoria del Estado mexicano, puntualizaron los senadores, debe estar construida sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito.
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