CIUDAD DE MÉXICO.- Senadores de la República y especialistas analizaron los alcances del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se discute en el Senado, para garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como juzgar y sancionar con perspectiva de género en un ambiente de violencia familiar.
A la inauguración del foro asistió el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, quien advirtió que los feminicidios y la violencia en contra de las mujeres han lacerado y vulnerado a la familia, la institución más importante que tenemos, y que esto no es ningún discurso demagógico, sino una realidad.
El legislador reconoció que se han dado pasos enormes para lograr una cultura con perspectiva de género, y apuntó que todos los integrantes de la sociedad tenemos que respetar los derechos humanos.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, destacó que en el Senado se construye el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que uno de los debates es si debiera estar separada, por la alta especialidad que representa, la materia familiar, pues aquí es donde se abordan conceptos como el interés superior de niños y niñas.
La diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, Aurora Sierra Rodríguez, dijo que es indispensable generar nuevas escalas de medición, particularmente en materia psicológica, para proporcionar a los juzgados elementos que les permitan tomar “mejores determinaciones a la hora de juzgar la violencia familiar”.
“Necesitamos comprender la estructura de pensamiento de niñas, niños y adolescentes, para saber qué tanta afectación hay en este secuestro de los juzgados, por todos los procedimientos que se viven”. El reto que tenemos, enfatizó, es cómo acreditar los delitos desde la perspectiva psicológica.
Raquel Avendaño Fernández, fiscal especializada en Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres, de Puebla, advirtió que la violencia de género y contra menores se han incrementado en los últimos años, por lo que las sanciones que imponga el Estado a estos delitos “deben ser contundentes”.
Destacó la importancia de crear unidades en las que no sólo el personal ministerial y agentes del Ministerio Público sean especializados, sino también las unidades de servicios periciales y las agencias estatales de investigación.
“Las unidades especializadas, agregó, no juzgan, no prejuzgan y no critican, porque tienen un trabajo de contextualización previo.
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