Francisco Gómez Maza
El NYT hace un recuento de los periodistas asesinados
Y a nadie le importa que se castigue o no a los asesinos
“La impunidad es la libertad de expresión de los asesinos”
Dejemos a un lado, por un momento, la política y la simulación de la democracia, que además por la política nos han llegado y nos siguen envolviendo los peores infortunios, en este país atravesado por balas de grueso calibre, en una guerra idiota de nunca acabar y con enormes daños colaterales, perpetrados por elementos enajenados, o cómplices de la delincuencia, de las fuerzas de seguridad. O de los propios sicarios del otro bando.
Soldados con rol de policías (ahora con la nueva ley estarán autorizados a lo que se les ocurra. Son entrenados para matar, ¿no?), armados hasta los dientes, con órdenes precisas de hacer “limpiezas” criminales y sociales, operadas por escuadrones especializadísimos en la limpieza social, y soldados desertores o barones de la droga, comandando bandas de las familias del narco (así todo queda en familia), pero causando, en su confrontación armada, un sinfín de daños colaterales, en esta ocasión de periodistas que con sus reportes no sólo informan, sino que se convierten en blanco de tirios y troyanos.
Por ello, asegura el New York Times en su edición digital de este martes 19 de diciembre, México se ha constituido en el segundo país más mortífero, a nivel global, para ejercer el periodismo de investigación criminal, o temas de corrupción, conflicto de intereses enriquecimientos extralegales, o denuncias de incongruencias de las clases políticas dominantes o de la mafia criminal.
El diario contabiliza once periodistas víctimas durante 2017. Coincide con todas las organizaciones defensoras de periodistas tanto extranjeras como nacionales. Recuerda el periódico neoyorquino que, en este año, treinta y nueve periodistas han sido víctimas de homicidio en todo el mundo, por hacer su labor, según un informe de Reporteros Sin Fronteras. Pero la nota que más nos atañe, porque nos pega directamente, es que casi un tercio de ellos –once reporteros– fueron asesinados en México. Casi el 20% de esos asesinatos sucedió en menos de seis meses.
Esta situación convierte a México en el segundo país más mortífero para los periodistas de entre todas las naciones del globo. El segundo después de Siria (que registró doce asesinatos de periodistas, este año que corre aún): una nueva muestra de la crisis de la libertad de expresión que se vive en estos dos países.
“Los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos sufren, de manera casi sistemática, amenazas, agresiones y pueden ser ejecutados a sangre fría”, indica un informe de Reporteros Sin Fronteras (organización defensora de los periodistas en el hemisferio occidental), que elabora un balance anual de muertes de integrantes del gremio desde 1995, ficha reportada por el periódico neoyorquino.
El organismo también recalca que la mayoría de los asesinatos acumulados en todo México, tanto de este año como de anteriores, siguen sin castigo. “La impunidad se explica por la corrupción generalizada que reina en el país, patente sobre todo a escala local, ámbito en el que los miembros del gobierno, a veces, están coludidos con los cárteles” del narcotráfico.
Por ejemplo, no ha habido avances en el caso de Miroslava Breach, corresponsal del periódico La Jornada, asesinada en marzo, ni en el de Javier Valdez, uno de los más destacados reporteros dedicados a cubrir temas de narcotráfico, asesinado en mayo.
Tampoco se han reportado logros en las investigaciones de los homicidios de periodistas muertos el año pasado, como el de Pedro Tamayo, que incluso ya contaba con el presunto resguardo del Estado –un botón de pánico– como parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El Comité para la Protección de Periodistas estima que sigue impune el homicidio de 35 de los 43 periodistas que contabiliza como asesinados desde 1992.
Sin embargo, el homicidio no es la única violencia que los periodistas mexicanos han enfrentado este año, recuerda el NYT y cita que la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, también contabiliza por lo menos veintitrés reporteros desaparecidos. En un balance semestral, en agosto, dijo haber recibido reportes de 60 amenazas, 56 ataques físicos o al material de trabajo y de 67 actos de intimidación durante el año. La mayoría de estos fueron cometidos por funcionarios, de acuerdo con Artículo 19.
Este año salió a la luz – en parte por un trabajo de The New York Times, junto con los grupos de investigación especializados, R3D y Citizen Lab -, que algunos de los periodistas más críticos del gobierno, o que han destapado casos de corrupción y de conflicto de intereses muy sonados durante el gobierno de Peña Nieto, fueron espiados por medio de un programa llamado Pegasus, con el que se intervienen los teléfonos celulares –el programa puede encender, a distancia, la cámara, el micrófono, revisar todos los contactos, correos y más– a partir de una liga adjunta en un mensaje. Los mexicanos afectados por el programa espía recibieron esa liga en mensajes alarmantes que, por ejemplo, pretendían tener información sobre un presunto amorío de su pareja o una emergencia familiar. Y a estas alturas ya nadie habla de Pegasus. Y menos de la impunidad en que vive el asesino.
La revista Gatopardo ha enlistado los nombres de los periodistas asesinados en México en 2017:
Cecilio Pineda Brito fue asesinado el 2 de marzo en Ciudad Altamirano, Guerrero. Era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal. Cubría la fuente policiaca del diario y según Proceso, unos días antes de ser asesinado el periodista publicó un video en su cuenta personal de Facebook en el que hablaba de la relación del gobierno de Héctor Astudillo Flores con el grupo delictivo “Los Tequileros”, liderado por Raybel Jacobo de Almonte. Hasta la fecha no hay acusados.
Ricardo Monlui Cabrera fue asesinado el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz. Era director del impreso El Político; y dueño del portal digital elpolitico.com.mx, además presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región y fue también jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar CNC. Escribía la columna “Crisol”, que aparecía en El Sol de Córdoba y en El diario de Xalapa, en la que trataba temas cañeros. CPJ publicó que el tema en torno a la industria azucarera y los intereses económicos en la zona han llevado a varios enfrentamientos violentos.
Hasta la fecha no hay acusados.
Miroslava Breach Velducea fue asesinada el 23 de marzo en Chihuahua. Era corresponsal del diario La Jornada, colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora editorial de El Norte de Ciudad Juárez. La BBC la definió como “periodista incómoda” porque sus publicaciones continuamente hablaban sobre corrupción política, violación a derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y la narcoguerra. Ya fueron identificados sus presuntos asesinos, pero no han sido capturados.
Maximino Rodríguez Palacios fue asesinado el 14 de abril en La Paz, Baja California Sur. Llevaba dos años trabajando para un portal de denuncia ciudadana, noticias sobre corrupción, discriminación y abusos llamado Colectivo Pericú. Escribía la sección policial y tenía una columna titulada “Es mi opinión”. Hasta la fecha no hay acusados.
Filiberto Álvarez Landeros fue asesinado el 29 de abril en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Trabajaba para la estación de radio “La Señal”, en donde fue interceptado después de su programa que comenzaba a las ocho de la noche. Hasta la fecha no hay acusados.
Javier Valdez Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Trabajaba como reportero del semanario local RíoDoce –del que fue fundador– y era corresponsal del periódico La Joranda. En septiembre del 2016 Valdez publicó el libro Narcoperiodismo, en el que narra historias de periodistas que han sido víctimas de la delincuencia. En una entrevista con La Jornada dijo: “No hablamos sólo de narcotráfico, una de nuestras acechanzas más feroces. Hablamos también de cómo nos acecha el gobierno.” Hasta la fecha no hay acusados.
Jonathan Rodríguez fue asesinado el 15 de mayo en Jalisco. Rodríguez era reportero del diario El Costeño, del municipio de Autlán, Jalisco. El auto en el que viajaba con su madre, Sonia Córdova –directora de información del diario– fue emboscado por cinco sujetos armados. El vehículo recibió 25 impactos de bala. Jonathan Rodríguez falleció en el lugar y su madre sobrevivió. El Costeño había recibido amenazas en días anteriores. El reportero era hijo de Héctor Rodríguez, director del medio informativo.
Salvador Adame desapareció el 18 de mayo en Michoacán. El periodista era director de Canal 6tv, en Nueva Italia, Michoacán. Su familia y colaboradores denunciaron la desaparición el 19 de mayo. El 26 de junio, la Procuraduría de Michoacán anunció el hallazgo de los restos de Adame en estado de calcinación, en Barranca del Diablo, en el municipio Gabriel Zamora, en Michoacán.
Luciano Rivera fue asesinado la madrugada del lunes 31 de julio en un bar en Playas de Rosarito, en Baja California. Rivera dirigía la revista Dictamen y era accionista del canal CNR, donde era conductor de noticieros. Rivera fue asesinado con disparos de arma de fuego.
Cándido Ríos fue el primer periodista asesinado bajo la protección del gobierno federal a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ríos fue asesinado el 22 de agosto en el municipio Hueyapan de Ocampo, en Veracruz; el periodista entró en 2013 al programa de protección pues se sentía amenazado por el ex alcalde de dicho municipio, Gaspar Gómez Jiménez.
Edgar Esqueda fue un fotoperiodista que colaboró de forma recurrente de los portales digitales Metrópoli SLP y VoxPópuliSLP. Su desaparición fue reportada por la organización Artículo 19 el 5 de octubre. CPJ reporta que el periodista, quien cubría la nota roja local, fue “levantado” en su domicilio, por hombres armados vestidos de policías. El viernes 6 de octubre se dio a conocer que su cuerpo fue encontrado cerca del aeropuerto de San Luis Potosí.
El escritor Francisco Goldman dijo durante la FIL del 2016: “La impunidad es la libertad de expresión de los asesinos”, y eso es lo que se está viviendo en México, al tener una tasa del 98% según el reporte realizado por la ONU a principios de este año.
