Francisco Gómez Maza
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Entre amigos: uno renuncia; otro, bajo sospecha
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Mientras, el linchamiento mediático a todo vapor
En aquellos días de la campaña electoral, recuerdo que el empresario Alfonso Romo ofreció una entrevista a la televisión comercial en la cual le dijo al locutor que al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) había llegado una fauna impresionante de bichos tóxicos como cucarachas, alacranes, pulgas, chinches, arañas venenosas, serpientes, ratas, ratones, entre otros muchos especímenes dignos de fumigaciones profundas, animalitos que se mezclaron con la fauna positiva de verdaderos luchadores sociales y políticos, encabezados por Andrés Manuel López Obrador, el porfiado candidato presidencial que, al fin de la historia negra, logró una aplastante mayoría de sufragios que hizo polvo a la partidocracia corrupta.
Y me estoy acordando de este episodio crítico del empresario regiomontano por algunas historias que han cimbrado al movimiento lopezobradorista, independientemente de la renuncia de su amigo Carlos Urzúa, que duró solo menos de siete meses como secretario de Hacienda por no estar de acuerdo con el estilo personal de gobernar del presidente López Obrador, a quien ya le conocía las mañas, ya que fue su secretario de finanzas, durante los primeros tres años, cuando el tabasqueño encabezó el gobierno de la ciudad, entonces llamada Distrito Federal. Se conocían ambos sus mañas. Urzúa no fue sorprendido por López Obrador, ni éste sorprendido por el renunciante. López Obrador es un político muy renuente. A él hay que hablarle con mejores argumentos que los que él presenta para convencerlo. Si no, hace su santa voluntad.
No me impresiona la renuncia de Urzúa. Creo que los agentes económicos ya la asimilaron; la economía no va a crecer arriba del 1 por ciento, no muy diferente de su comportamiento en tiempos del PRI y del PAN. no así los medios de propaganda que dentro y fuera del país siguen insistiendo en que el gobierno del tabasqueño es un fracaso. (Y hay grupos de seudo comentaristas de radio que hasta hacen mofa.) Pero sí me llama la atención tanto la renuncia como sus motivos de Carlos Lomelín, muy cercano de López Obrador, quien lo nombró su delegado en Jalisco. Lomelí estaba siendo acusado mediáticamente de conflictos de interés y él declaró que renunciaba para que las autoridades correspondientes lo investigaran.
Sin embargo, este lunes, durante la conferencia de prensa matutina del presidente, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que hay en curso siete investigaciones, sobre posibles conductas irregulares del exdelegado federal de Programas Sociales en Jalisco. Sandoval aclaró que la primera investigación se abrió el 22 de mayo; no, después de la renuncia del ahora exfuncionario público la semana pasada, como se ha llegado a mencionar en medios.
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Cuatro pesquisas se realizan sobre las empresas relacionadas con Lomelí y tres más analizan las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado y sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios. Sandoval indicó que las investigaciones “ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares… Derivado de nuestras investigaciones, podríamos dar vista a la autoridad penal competente”, dijo la titular de la SFP en Palacio Nacional.
Sin embargo, es importante señalar que Lomelí aseguró que su renuncia a la delegación era “para dar espacio a las investigaciones, luego de ser señalado de presuntos conflictos de interés en licitaciones gubernamentales de medicinas.”
En mayo pasado un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que empresas ligadas a familiares y colaboradores de Lomelí formaban parte de una red de empresas que venden medicamentos a Gobiernos.
El también excandidato a gobernador negó que él o su familia estén involucrados en licitaciones gubernamentales.
Apenas el pasado 10 de julio, MCCI reportó que el exdelegado de Jalisco ha tenido acceso al manejo de una de las cuentas bancarias de la farmacéutica que siempre negó como suya, empresa a la que el actual gobierno federal ha otorgado contratos por más de 164 millones de pesos.
