Francisco Gómez Maza
- Jalisco, el primero en crear una fiscalía para desaparecidos
- Cuenta con el aval de la ONU y de organismos de DH
Si hay un delito, una injusticia, imperdonable, que merece la máxima pena del Código de penas, es el plagio, el secuestro, el llamado levantón, de personas, sean presuntas criminales o personas comunes, o ricos por los que piden rescate, y que son perpetrados por criminales comunes, por miembros del crimen organizado, por miembros de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, soldados, marinos, policías. A muchos los matan y los entierran en cementerios clandestinos. De ahí que muchos desaparecidos aparezcan pero hechos cadáver, osamentas, en esas fosas que son descubiertas por azahar por pobladores o fuerzas de seguridad. Los desaparecidos, generalmente, aparecen muertos.
La verdad no sabemos la cifra exacta de personas desaparecidas, muchas ya muertas. Cuando tomó posesión Peña Nieto, a finales de 2012, Lía Limón, a la sazón encargada de los derechos humanos de Gobernación, dio una lista como de 26 mil, más los que se han juntado en los cuatro años que lleva la administración tolucopachucrata. ¡Son un chingamadral!
Pero la verdad sea dicha, parece que a nadie le importaran los perdidos, empezando con peña Nieto y siguiendo con Chong. Y por lo mismo, a nadie, ni a las autoridades de procuración de justicia, ni a los jueces de la SCJN, se les había ocurrido crear una estructura que se dedicara a buscar, a investigar, a presentar casos ante los jueces, y a castigar a los secuestradores y asesinos, fueran de los que fueran, del crimen organizado o del crimen gubernamental,
Por eso, alegra, da gusto que el gobierno de Jalisco piense y planee crear la fiscalía para desaparecidos Explica el fiscal, en una entrevista con El Universal, que tiene el aval de la ONU y se manejará con autonomía
Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco. Explica que la desaparición se convirtió en uno de los delitos que más aqueja a la ciudadanía de Jalisco. Las cifras oficiales colocan al estado como el tercero a nivel nacional con más casos registrados en la última década. En los últimos cuatro años, las cifras pasaron de 987 a mil 950, con cientos de fosas halladas y más de 200 cuerpos. En julio de 2015, dice Almaguer, cuando llegó a esta dependencia se encontró con el hecho de que organizaciones civiles vinculadas al tema tenían que ser escuchadas directamente por el gobernador Aristóteles Sandoval, pues no había una comunicación directa con la fiscalía. El fiscal, quien recibió una amenaza de muerte por un caso de desaparición supuestamente cometido por el crimen organizado, acepta las críticas y fallas señaladas por expertos, organizaciones y familiares de víctimas, por lo que fue necesario dar acceso a los expedientes sobre desapariciones de la fiscalía a organismos internacionales, para dar pie a la creación de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, que sería la primera en su tipo.
Almaguer detalla que esta iniciativa consensuada será presentada en la segunda semana de marzo y que fue avalada por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jan Jarab. En enero pasado se trabajó la primera versión y en los próximos días el gobernador del estado la presentará. El escritorio del fiscal está lleno de papeles: estadísticas de homicidios, desapariciones y un informe sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta organización liderada por Nemesio Oseguera, El Mencho, dice, ha sido responsable de “algunos casos”, sobre todo en las zonas limítrofes del estado. Con la nueva fiscalía se podrían establecer investigaciones para ligar desapariciones y fosas clandestinas presuntamente realizadas por el grupo criminal.
Almaguer Ramírez tiene confianza en que será posible dar paso a esta iniciativa. Y se compromete a que será un proceso donde el fiscal será una persona “autónoma” que represente a la sociedad civil, ajena a intereses, pues considera que “la autoridad está obligada a instrumentar todos los elementos necesarios para localizar a sus seres queridos y castigar a los responsables”.
¿Qué van a hacer la fiscalía y el gobierno del estado para garantizar la localización de personas desaparecidas en Jalisco? —Desde que fui ratificado, la primera acción que hice fue buscar al representante de Amnistía Internacional para acercarle toda la información que requiriera, era un tema en el que no sentía claridad. Lo segundo que ordené fue integrar una unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas; lo tercero fue invitar a las organizaciones que tienen este grave problema de sus familiares desaparecidos.
Organizaciones civiles y expertos acusan que no se ha conformado una fiscalía especializada en desapariciones, por lo cual se tipifican con otros delitos… —Tengo plena coincidencia con esa opinión. Por ello la reforma que se da en 2013 en Jalisco tiene que ver con generar una figura muy clara de desaparición cometida por una autoridad o un particular, y eso es un gran avance, porque efectivamente quedaban en un limbo. Tuvimos un diálogo con las organizaciones, con la presencia del consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar y el Alto Comisionado de la ONU, nos llevó a un punto donde observamos la gran necesidad de tener una estructura con mayor capacidad de gestión que pudiera vincularse con otras estructuras de gobierno. Se llegó a la conclusión de crear la Fiscalía Especializada para Desaparecidos, y para ello estableció el gobernador un compromiso con Jan Jarab, el Alto Comisionado para la ONU en México, y un compromiso público para que en menos de 45 días estuviera estructurada esta iniciativa, presentada y autorizada por el gobierno del estado.
En este momento está un ex fiscal de Colombia, avalado por el Alto Comisionado, realizando investigaciones de campo que nos lleven primero a tenerla bien estructurada pues en los próximos días el gobernador la presentará al Congreso. Se está trabajando en la materialización de esta iniciativa para cuando sea aprobada por los diputados. Fuimos el primer estado reconocido por las instituciones en abrir nuestros expedientes, no hubo reticencia a que examinaran las acciones positivas, omisiones y acciones no llevadas de forma correcta, para que con ese diagnóstico se pueda elaborar esta iniciativa. Nos llevará a tener algo muy importante que no hay en el país: el análisis del contexto socioeconómico territorial de por qué se está dando este problema en diferentes regiones o en la propia zona metropolitana.
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