Patricia Retana
CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre se acercó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México, la rodeó, intentó besarla por la espalda y tocó su cuerpo sin su consentimiento. Dicen que fue detenido por su equipo de seguridad minutos después.
El incidente revela lo que muchas mujeres viven a diario: sentirse vulnerables aún en espacios públicos, a plena luz del día y frente a las miradas. Según reportes, la sanción legal para ese tipo de agresión —clasificada bajo el artículo 260 del Código Penal Federal— va de seis a diez años de prisión y hasta 200 días de multa.
Las cifras nacionales aportan el marco duro: de acuerdo con la Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta 2021 el 41.3 % de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.
Otro análisis señala que en el primer semestre de 2023 se iniciaron unas 89 253 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y seguridad sexual, lo que incluye acoso y violación.
El problema crece más allá del número: la impunidad se vuelve norma. Aunque el marco legal existe, su aplicación es laxo y las víctimas desprotegidas. En la práctica, que una mujer acuerde denunciar es solo el primer paso de una batalla que muchas abandonan. Las estadísticas revelan que solo un porcentaje mínimo de agresores termina en prisión.
Que el episodio afecte a la presidenta no es casualidad: indica lo extendido del problema. Si ella con seguridad, protocolo y visibilidad puede ser objeto de acoso en pleno centro de la capital, ¿qué decir de millones de mujeres sin esas protecciones?
La agresión contra Sheinbaum debe servir como alarma nacional: primero, se requiere que la procuración de justicia actúe con rapidez y ejemplaridad cuando la víctima es figura pública, para enviar un mensaje claro de que ninguna mujer es “accesible” por estar en la calle.
Segundo, es urgente que los estados implementen protocolos de denuncia simplificados, protección inmediata para víctimas y seguimiento de agresores, para que la sanción efectiva deje de ser la excepción. Tercero, la prevención debe instalarse desde la educación: campañas masivas que enseñen lo que no es “un piropo”, lo que sí es acoso, lo que exige consentimiento —y que inculquen que “no” debe respetarse.
Finalmente, se necesita transparencia total: que cada año se publique un balance por entidad federativa de cuántas denuncias de acoso hubo, cuántos se canalizaron a juicio, cuántos se condenaron y cuánto tiempo tardó. Solo con datos reales sabremos si el país cambia o sólo habla de cambios.
AM.MX/fm
