Salvador Flores Llamas
Si desde la campaña electoral López Obrador fijaba la agenda política, con más razón lo hace como candidato presidencial triunfador, máxime que Peña Nieto le entregó prácticamente el poder en su plática del martes 3 de julio en Palacio Nacional.
Se dirá que se apoderó de todas las agendas: de la del Presidente, de las secretarías y demás; tanto que ante el plan de Amlo para economizar recursos, Peña anunció que despedirá 133 mil burócratas eventuales, para entregarle un gobierno adelgazado.
Queda claro que el gobierno saliente fue depredador del erario. Sólo la deuda de Pemex subió 40,400 millones este año, y en el sexenio acumuló 2 billones 5,800 millones, con los negocios de Emilio Lozoya Austin, como director general; aparte del soborno de 10 millones de dólares que recibió de Oderbecht, en el que fue cómplice de Peña Nieto.
Se comentó que al terminar el mundial de futbol y la serie biográfica de Luis Miguel en TV y que Amlo tomó 4 días de vacaciones, informadores y opinadores también debieron irse a descansar, porque no hay quien fije la agenda diaria, aunque el Peje dejó mucho para comentar.
Como los 50 puntos para la austeridad y contra la corrupción, para reformar el gobierno, bajar sueldos a la alta burocracia y aun a los ministros de la Suprema Corte, reducir el gobierno obeso e instalar sus coordinadores estatales; puntos algunos atinados, otros violan la ley, inútiles y aun insulsos.
Los “coordinadores estatales” son un paso de Andrés para controlar todo el país, violan la Carta Magna y varias leyes, pisotean el pacto federal, la coordinación fiscal y la soberanía de los estados; serán una superestructura totalitaria para cimentar bien a Morena en todo el país y abrir la puerta a la futura dictadura pejista, que empieza por crear una enorme estructura de poder, concentrado en su sola persona.
Por lo visto, Amlo dejó tarea para entretenernos durante su asueto.
Los anuncios de los futuros miembros de su gabinete también dan tema, como el absurdo de Jiménez Spriú, secretario de Comunicaciones, quien dijo que, tras oir a los expertos, en octubre realizará una consulta popular sobre si se sigue construyendo el Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX (NAICM) en el ex vaso del Lago de Texcoco.
Es ocioso y contradictorio que Jiménez Spriú insista en ello, después que Amlo anunció en la campaña que concesionaría la obra para que no salgan del erario 2,500 millones de dólares que requiere. Y el INE, encargado por ley de efectuar dichas consultas, dijo que ésta no procede.
¿Estamos jugando, o que quieren darles máximo eco a las propuestas del Peje? Ni falta hace, pues ya dominan y aun contaminan el ambiente político.
Punto muy controvertido es la descentralización de las secretarías de Estado a la provincia: la SEP a Puebla, el IMSS a Morelia, Turismo a Chetumal, Economía a Monterrey, etc. Sin reparar en lo costosísimo que resultaría, surgen preguntas como: ¿hay infraestructura en esas partes para albergar a las dependencias y a su personal? ¿Cómo desarraigar a familias enteras con hijos en escuelas y universidades, y encontrarles sitios en los estados?
La mudanza de las secretarías sembró zozobra en los empleados públicos y contraviene el propósito de Amlo de reducir el gasto del gobierno.
Llamó poderosamente la atención su intención de bajarse el sueldo al 40% del de Peña, 108 mil pesos al mes, y reformar la ley para que ningún empleado público gane más que el Presidente, incluso los ministros de la Corte, para reducir el gasto.
Apenas en junio Hacienda había dispuesto (antes de los comicios, en evidente maniobra electoral) un alza salarial a la burocracia, retroactiva a enero.
Quedó claro que más de 22 mil 570 burócratas, 17 gobernadores y 8 alcaldes ganarán más que Amlo, y para adelgazar el gasto será cesado 70% el personal de confianza y 35 mil funcionarios. Se prevé una lluvia de amparos, ante tales medidas de gran impacto mediático.
También se ahorrará en otros sectores, como en las compras bienes y servicios del gobierno, que se centralizarán en Hacienda, según el ejemplo del IMSS y del ISSSTE; aunque puede dar cabida a fuertes sobornos por parte de las empresas que busquen ganar los contratos, máxime que 88% de los del gobierno no se licitan, y las compras resultan hasta 30% más caras.
Otro renglón para ahorrar está en que los reos sin sentencia que hay en el sistema carcelario cuestan 3,400 millones.
Estamos ante una transición inédita: aunque Amlo aún no es declarado Presidente electo, Peña ya le entregó los bártulos y ordenó despedir a 33 mil burócratas eventuales, las licitaciones de contratos petroleros anunciadas para agosto se aplazaron para febrero, y ya sus equipos están trabajando en las secretarias en la entrega-recepción.
Eso patentiza el pacto acordado desde hace tiempo por Peña y López Obrador, para que éste fuera Presidente; algunos lo datan entes de la elección, en julio de 2017, de Alfredo del Mazo III, primo de EPN, como gobernador del Estado de México.
Nota final: Era innecesario que Loretta Ortiz, coordinadora del proceso de pacificación de México, promovido por Amlo, anunciara que el Papa Francisco respalda a éste, al mentir que participará en esos foros. Greg Burke, vocero del Vaticano, desmintió la noticia, y Loretta salió con que Greg no estaba informado.
La Nunciatura Apostólica precisó que debe presentarse una solicitud, bien argumentada, y se le responderá lo que decida el Sumo Pontífice.
Otra pifia del equipo obradorista fue anunciar que el P. Alejandro Solalinde entregaría una invitación de Amlo al EZLN para reunirse. Un comandante, (ni siquiera Galeano, exMarcos) rechazó la invitación.
El activista Javier Sicilia reprobó el show en que se inmiscuyó al Papa Francisco.
@chavafloresll
