AYALA, MORELOS.-Se cumplen tres años y dos meses de la detención de Roberto Borge Angulo (4 de junio de 2017), y dos años y siete meses de su extradición (4 de enero de 2018), sin embargo su caso se mantiene estático, tanto por los recursos legales que su defensa ha interpuesto ante los juzgadores, como por la crisis sanitaria derivada de la pandemia que paralizó las actividades en los recintos judiciales.
HISTORIAL
De acuerdo con SOL QINTANA ROO el ex gobernador de Quintana Roo fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, en base a una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero de más de 900 millones de pesos, información que dio a conocer en exclusiva Sol Quintana Roo.
Su localización y detención se logró entonces gracias al trabajo coordinado de las autoridades federales, quienes dieron cumplimiento a la ficha roja, tras la orden de aprehensión girada el 31 de mayo de 2017, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 22 de septiembre de 2016, dos días antes de que concluyera su gestión, Borge Angulo se reunió con Carlos Manuel Joaquín González, su sucesor, para tener una entrega-recepción “amigable”, sin embargo el 25 de septiembre ya no se presentó a la ceremonia y desde entonces se le perdió la pista.
En ese momento no había ninguna orden de aprehensión en su contra, así que tranquilamente se dedicó a recorrer mundo, paseando por Miami, Florida; Cuba, Guatemala y Panamá, donde estuvo hospedado en la Torre Trump, uno de los hoteles más exclusivos donde pagaba por noche más de 25 mil pesos.
La orden de aprehensión fue girada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro Federal Penal de Nezahualcóyotl, el miércoles 31 de mayo, pero Borge Angulo no se enteró que ya lo buscaban, creía que había dejado todo “arreglado” así que no se tomó la molestia de ocultarse.
De tal manera que fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría a Paris, Francia y de ahí viajaría a Madrid, España, donde pensaba radicar.
Tras su captura fue llevado al penal El Renacer, en donde gozaba de privilegios, pero aun así pretendió escapar tratando de sobornar a un custodio. Al descubrirse el intento de fuga fue cambiado a la prisión de la Policía Nacional de Panamá, el 22 de septiembre de 2017. En ese sitio permaneció cuatro meses, hasta que el 4 de enero de 2018 fue extraditado a nuestro país y puesto a disposición del juez de la causa.
Durante el tiempo que duró su proceso de extradición –al que siempre se opuso–, la hoy Fiscalía General de la República) y la Fiscalía de Quintana Roo, establecieron también la presunta responsabilidad de Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo Castilla, padres del ex mandatario estatal, como copartícipes en el delito de lavado de dinero.
En su defensa intervinieron los abogados Juan Antonio y Juan Ramón Collado Mocelo, cuyo objetivo era retrasar al máximo la extradición del ex gobernante, señalado como el más grande saqueador de Quintana Roo. Ahora, Juan Antonio también está preso por el delito de delincuencia organizada.
Borge Angulo delinquió en Quintana Roo, se le detuvo en Panamá, se le juzga en el Estado de México y se encuentra recluído en el Centro Federqal de readaptación Social (CEFEREPSI), en el estado de Morelos, una prisión diseñada para atender a reos con desórdenes mentales.
Según la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, de la Fiscalía General de la República, el ex mandatario quintanarroense (2011-2017) es acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por 900 millones 99 mil 418 pesos, de acuerdo a la causa penal 381/2017.
Además se le involucra con la compra de predios que fueron entregados a cambio de precios subvaluados a través de prestanombres, y la compra ilícita de embarcaciones para la empresa “Barcos Caribe”.
Según la entonces Procuraduría General de la República, Borge Angulo y su gabinete, entre 2011 y 2014, remataron 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, cuyo valor comercial aproximado es superior a los 5 mil millones de pesos.
Roberto Borge, nació en la isla de Cozumel el 29 de diciembre de 1979. A la edad de 32 años fue gobernador de Quintana Roo, del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016 y fue presentado como la “sangre nueva” del PRI.
Al término de su mandato quería que lo sucediera su “delfin”, José Mauricio Góngora Escalante, en ese entonces presidente municipal de Solidaridad (Playa del Carmen), al que apoyó por todos los medios, pero no lo logró.
Nada presagiaba que su vida cambiaría radicalmente, lo mismo que la de su ex favorito, José Mauricio Góngora Escalante, que también sería capturado el 25 de enero de 2018, tan sólo 20 días después de que Borge Angulo fuera extraditado a México.
A la fecha, su fallido sucesor está sujeto también a proceso por el delito de quebranto al Erario por 594 millones de pesos, durante su desempeño como alcalde de Solidaridad.
Tan sólo 15 años duró la carrera política de Borge Angulo, pero le bastaron cinco para convertirse en uno de los mayores depredadores de Quintana Roo, hasta causarle un quebranto de más de 20 mil millones de pesos, en complicidad con más de 80 individuos, entre familiares, amigos, colaboradores, empresarios, jueces, notarios, etcétera.
La red de complicidades que tejió durante su mandato, incluidos sus padres que se encuentran prófugos, así como amigos, jueces, notarios, miembros de su gabinete, servidores públicos y empresarios, nacionales y extranjeros, fue para desviar, malversar y saquear las arcas estatales, causando un multimillonario quebranto al estado, sin precedentes, resultando más voraz que sus antecesores.
Otra de las múltiples aristas en las fechorías de Borge, fue la “Fundación Borge”, un programa fachada para desviar recursos y lavar miles de millones de pesos, bajo el argumento de que brindaría bienestar a las clases desprotegidas, aunque en realidad sólo era para disponer de un recurso con el que lavaría miles de millones de pesos.
Por otra parte, la empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V, mejor conocida como Barcos Caribe, propiedad de la familia Borge, fue otro variante del ex gobernador para el lavado de dinero y terminó por desaparecer luego de las indagatorias de la FGR.
Roberto Borge Martín, padre del ex mandatario, a quien se le atribuye la autoría del atentado en contra de uno de los ferrys, se encuentra desaparecido, las autoridades dicen que está prófugo, desde la fecha del siniestro, el 21 de febrero de 2018.
Otra línea de investigación que se encuentra abierta, es su presunta relación con el narcotráfico, mediante la ex agente federal, Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, que se convirtió en jefa del Cártel de Cancún y “pasó desapercibida” durante el mandato del político cozumeleño.
La detención de la mujer, fue posibke hasta casi un año después de que Borge Angulo concluyó su gestión y está sujeta a proceso.
Entre los compinches que aún están prófugos y que son considerados como los más importantes y contra los que hay orden de aprehensión, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Eliézer Villanueva Lanz, ex subsecretario Técnico Hacendario, dos funcionarios de primer nivel en la administración Borgista.
También son considerados fugitivos sus padres, Roberto Borge Martín y María Rosa Yolanda Angúlo Castilla, quienes tuvieron participación activa en los latrocinios de su hijo.
Así, el juicio de Borge Angulo va para largo, pues el juez de vinculación a proceso, le ha concedido prórrogas a la defensa, hasta por un plazo de dos años para que aporte pruebas a favor de su inocencia.
Una vez agotado ese plazo, el juez de vinculación a proceso analizará las pruebas aportadas por una y otra parte y determinará cuáles admite y cuáles rechaza. Hasta ahí concluye su labor, pues a partir de ese momento deja de tener injerencia en el proceso y envía las pruebas al juez que llevará la causa, mismo que no ha conocido nada del expediente y quien será finalmente el que dicte su fallo.
Pero como indicamos líneas arriba, aún hay un largo trecho por recorrer, pues se dan casos en que una vez que el juez juzgador y dictaminador recibió el expediente, se lleva hasta años en examinar y estudiar las pruebas para poder llegar a una resolución definitiva.
Así, Borge Angulo seguirá bajo prisión preventiva oficiosa, sin que haya una fecha límite, no obstante que está bajo dicha medida cautelar desde el 5 de enero de 2018 en que fue vinculado a proceso, es decir que lleva dos años y seis meses tras las rejas, desde que lo extraditaron de Panamá y tendrá que esperar el tiempo que el juzgador considere pertinente para dar a conocer su veredicto final.
AM.MX/fm
