Gobierno capitalino mantiene apoyo a víctimas de explosión ocurrida en Puente La Concordia

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A un año de la explosión de una pipa de gas LP en las inmediaciones del Puente La Concordia, en Iztapalapa, el Gobierno de la Ciudad de México presentó un balance sobre la atención médica, los apoyos entregados, la reparación del daño y las medidas preventivas implementadas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reiteró que su administración mantendrá el acompañamiento a las personas afectadas y sus familias. También anunció que promoverá un reconocimiento en memoria de una persona que perdió la vida mientras protegía a sus familiares.

“Para las familias, como siempre lo saben y lo he dicho, toda mi solidaridad y el acompañamiento que deseen. Hubo acciones valerosas que tenemos que recuperar a nivel ciudadano, por eso nosotros estaremos impulsando un reconocimiento con el nombre de una de las personas que perdió la vida defendiendo a sus propios familiares”, expresó.

Atención médica y acompañamiento institucional respondieron desde las primeras horas de la emergencia

La Secretaría de Salud Pública capitalina brindó asistencia en el lugar del accidente y coordinó el traslado de las personas heridas a diferentes unidades médicas. También difundió reportes sobre su estado de salud y participó en la estrategia de atención psicológica.

El saldo fue de 84 personas lesionadas. De ellas, 77 fueron trasladadas a hospitales y siete recibieron atención sin requerir ingreso. Entre las personas hospitalizadas, 45 fueron dadas de alta y 32 perdieron la vida.

Las instituciones capitalinas también coordinaron con la Fundación Michou y Mau el traslado de una menor a Estados Unidos para recibir atención especializada. La paciente permanece en tratamiento y su acuerdo de reparación será revisado cuando regrese a México.

Reparación del daño alcanza 98 por ciento entre las víctimas identificadas

La Secretaría de Gobierno desplegó personal en hospitales y en el sitio de la emergencia para facilitar la identificación de personas lesionadas y fallecidas. Cada familia contó con un servidor público como enlace para atender necesidades psicológicas, administrativas, de transporte y hospedaje.

Mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se entregaron 75 apoyos de emergencia por 2.4 millones de pesos y 82 apoyos de asistencia por 1.6 millones. En conjunto, los recursos destinados alcanzaron 4 millones de pesos.

La Fiscalía capitalina reportó 156 acuerdos reparatorios y el pago correspondiente a 136 de las 138 víctimas identificadas, avance equivalente al 98 por ciento. El monto cubierto asciende a 471 millones 192 mil 515 pesos. “(Ese hecho) Dejó muchas lecciones, muchas enseñanzas y el Gobierno atendió, desde mi punto de vista, bien. O sea, lo que teníamos que hacer, que era ponernos del lado de las víctimas y obligar a que se reparara el daño y lo logramos”, afirmó Brugada Molina.

Operativos reforzaron vigilancia sobre vehículos que transportan materiales peligrosos en la capital

Entre el 19 de octubre de 2025 y el 10 de septiembre de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó 52 dispositivos para revisar unidades utilizadas en el transporte de materiales peligrosos.

Durante los operativos se efectuaron mil 997 revisiones aleatorias de documentación, licencias, condiciones físico-mecánicas, sistemas de seguridad, señalización, válvulas, extintores y rotulado de sustancias.

Las inspecciones derivaron en 844 infracciones. Del total, 419 fueron por circular en carriles centrales, 149 por falta de licencia, 113 por exceder los límites de velocidad, 103 por no utilizar cinturón de seguridad, 51 por falta de placas y nueve por no presentar tarjeta de circulación. También se aplicaron 295 garantías de pago.

Gobierno capitalino plantea nuevas restricciones para prevenir riesgos en vialidades de la ciudad

Los dispositivos fueron instalados en vialidades como la calzada General Ignacio Zaragoza, Viaducto Tlalpan, Periférico Sur y avenida Constituyentes-Carretera México-Toluca.

Entre las medidas planteadas se encuentran reformas a los artículos 9, 26 y 27 del Reglamento de Tránsito. La propuesta establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora para vehículos que transporten sustancias tóxicas y contempla multas de 100, 200 o 300 veces la Unidad de Medida y Actualización.

La modificación también impediría que estas unidades circulen por vías de acceso controlado, carriles centrales y segundos niveles. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que continuará la coordinación institucional para fortalecer la prevención de accidentes y la seguridad en el transporte de sustancias peligrosas.

 

AM.MX/CV

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