José Antonio Aspiros Villagómez
Sherine Abu Aqla, una veterana y conocida periodista palestino-estadounidense, corresponsal de la televisora catarí Al Jazeera, murió el 11 de mayo en Cisjordania tras recibir disparos “deliberadamente” y “a sangre fría” -según denunció su medio- por parte de las tropas israelíes que buscaban a “sospechosos de terrorismo”.
Entre el 22 de febrero y el 24 de abril murieron en Ucrania 21 periodistas, nueve resultaron heridos y 15 estaban desaparecidos, durante la invasión rusa a ese país.
En el transcurso de 2022, una docena de periodistas han sido asesinados en México, y la diferencia con los dos primeros casos es que, mientras allá existen conflictos armados, acá no los hay.
No es nuevo el riesgo de morir por ejercer el periodismo, es decir, por informar desde los frentes de guerra, o acerca de sucesos de interés general que afectan intereses particulares.
Pero en la actualidad el peligro es permanente y a él se agregan en algunas naciones de América casos de criminalización de la actividad periodística, clausura o confiscación de medios, persecución, hostigamiento, destierros, amenazas y atentados, como han denunciado diversas organizaciones gremiales.
En México, en particular, hay otros dos factores adversos: la impunidad con que se cometen los crímenes, y la institucionalización de un discurso oficial contra algunos informadores, que alienta la agresión y las amenazas contra los demás.
Yenín es una ciudad de Cisjordania ocupada por Israel, y varios reporteros -todos identificables con su chaleco de “prensa”- cubrieron la reciente operación del ejército israelí contra los palestinos. El productor de Al Jazeera, Ali Samoudi, quien resultó herido, dijo que “íbamos a filmar (…) y de repente nos dispararon sin pedirnos que nos fuéramos o que dejáramos de filmar. La primera bala me alcanzó a mí y la segunda bala a Sherine”, cuya muerte provocó conmoción y condenas.
Por su parte, Ucrania se defiende hasta la actualidad de ataques del ejército ruso y la cobertura informativa ha estado contaminada por la emisión de noticias falsas, imágenes adulteradas, censura y propaganda, en medio de lo cual -y del fuego cruzado- los enviados y corresponsales, así como los reporteros locales, han tenido que hacer temerariamente su trabajo informativo.
El Instituto de Comunicación de Masas de Ucrania precisó que siete de los 21 periodistas fallecidos murieron directamente durante la cobertura de la invasión rusa, mientras que otros 14 no estaban desempeñando su labor, pero fueron víctimas de los ataques.
Pero, insistimos, allá hay una guerra, en México no la hay. Contamos con un listado no exhaustivo según el cual, y con algunas reservas, entre 1879 y 2022 han sido asesinados 369 periodistas, en su inmensa mayoría como represalia por la información que publicaron, principalmente sobre corrupción entre autoridades o policías locales, o la actividad del crimen organizado.
A manera de ejemplo, y basados en datos de la revista Contralínea y otras fuentes, citamos los casos de Ignacio Herrerías, de El Imparcial, asesinado cuando viajaba en tren para entrevistar a Emiliano Zapata (1912); Francisco Rangel, muerto en Pénjamo porque llamó “soberbio y altanero” a Álvaro Obregón en su periódico Verbo Libre (1919); Jorge Salinas Aragón (1959) y Alberto J. Altamirano (1960), asesinados en Veracruz por criticar a caciques y líderes petroleros.
Roberto Martínez Montenegro; el encargado de investigar su muerte en Sinaloa era el principal sospechoso; el presidente José López Portillo intervino en el caso, pero sin resultados concretos (1978); Manuel Buendía Téllez Girón; investigaba la colusión de funcionarios con narcotraficantes (1984); Carlos Loret de Mola; hubo sospechas de que su accidente automovilístico en Guerrero fue provocado (1988).
Héctor ‘El Gato’ Félix Miranda, del semanario Zeta de Tijuana (1988); José Manuel Nava, ex director de Excélsior, Ciudad de México (2006); Regina Martínez, corresponsal de Proceso y La Jornada en Jalapa, (2012); Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua (2017). Y tantos más, que no son simples estadísticas, sino individuos que dieron su vida por ejercer la libertad de expresión.
De nada han servido las protestas, denuncias, exigencias, plantones y marchas tanto de las muchas organizaciones de periodistas que existen, como de instituciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos y libertad de expresión.
En la actualidad el Gobierno Federal informa cada dos semanas sobre las investigaciones a cargo de las autoridades, pero los casos siguen sin que haya justicia, y la protección brindada por algún mecanismo a reporteros amenazados, tampoco ha ayudado en todas las ocasiones.
Particularmente, 2022 ha sido un año muy letal: en siete entidades del país han sido asesinados 12 periodistas, uno de los cuales no figura en las estadísticas del gremio ni de las autoridades, que sólo se refieren a once. Por estados, Veracruz y Baja California encabezan la lista con tres asesinatos cada uno; dos en Michoacán y uno en Oaxaca, Sonora, Zacatecas y Sinaloa, respectivamente.
Por fechas son los siguientes, y aunque aparezcan como directores o editores, eran a la vez reporteros en sus medios:
12 de enero: José Luis Gamboa Arenas, director del diario digital Inforegio, Veracruz.
17 de enero: Margarito Martínez Esquivel, reportero gráfico del periódico Zeta de Tijuana, Baja California. El móvil pudo haber sido una disputa por terrenos.
23 de enero: Lourdes Maldonado López, conductora del programa ‘Brebaje’ de Radio Sintoniza Sin Fronteras, de Tijuana; tiempo atrás había pedido protección directamente al presidente de la República.
31 de enero: Roberto Toledo, redactor y auxiliar del sitio Monitor Michoacán. Según el vocero de la Presidencia de la República, Toledo no era periodista.
6 de febrero: Marcos Ernesto Islas Flores, editor del portal Notiredes de Tijuana, Baja California.
12 de febrero: Heber López Vázquez, director del portal Noticias Web, de Salina Cruz, Oaxaca.
24 de febrero: Jorge Luis Camero, director del portal de noticias El Informativo, de Empalme, Sonora.
4 de marzo: Juan Carlos Muñiz, colaborador de Testigo Minero; Fresnillo, Zacatecas.
15 de marzo: Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, asesinado en Zitácuaro.
5 de mayo: Luis Enrique Ramírez Ramos, analista político del diario Debate de Culiacán, Sinaloa.
9 de mayo: Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García Olivera, directora y reportera, respectivamente del portal El Veraz de Veracruz, asesinadas simultáneamente en Cosoleacaque.
No podemos permitir que con los asesinatos de periodistas pase lo que en otras décadas ocurrió con los secuestros aéreos o los asaltos a sucursales bancarias: se volvieron tan frecuentes, que dejaron de ser noticia importante y pasaron de las primeras planas a páginas interiores y, luego, al olvido.
