Aletia Molina
El decreto emitido el pasado 22 de noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reservar por “seguridad nacional” la información sobre sus megaproyectos acaba de sufrir un serio revés judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional interpuesta por el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) para impedir que el gobierno federal de México reserve la información sobre sus principales obras y evite así cumplir con las leyes de transparencia.
A través del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el máximo tribunal mexicano anunció que había concedido una suspensión para que, al menos por ahora, se evite clasificar como de “seguridad nacional” la información de los megaproyectos de la llamada 4T, entre ellos el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería Dos Bocas.
No obstante, en esta primera resolución sobre el asunto, la Suprema Corte fue muy clara al señalar que la suspensión es solo para efectos de información. Por ahora, el tribunal negó al INAI la suspensión en lo que respecta a considerar como de seguridad nacional las obras de infraestructura de la administración actual.
El INAI había presentado ante la Suprema Corte el pasado 9 de diciembre una controversia constitucional para impedir que el gobierno federal negara a los ciudadanos el acceso a contratos, licitaciones y toda la información relevante relacionada con los megaproyectos que tiene en construcción.
De acuerdo con el análisis del INAI, el decreto emitido por la administración lopezobradorista transgrede el derecho a saber de la sociedad e incurre en una posible violación al artículo 6 constitucional. Éste garantiza el libre acceso a la información pública y puntualiza que la reserva y la clasificación de ésta se debe examinar caso por caso.
Al anunciar su decreto para blindar los proyectos prioritarios de su gobierno, López Obrador había afirmado que el principal objetivo de éste era “agilizar los trámites para que no se detengan las obras”. El decreto incluye todos los proyectos de infraestructura, entre ellos los de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, trenes, medio ambiente, turismo, salud, puertos y aeropuertos.
Sin embargo, desde un principio, el llamado “decretazo” dio pie a numerosas críticas tanto de la oposición como de analistas que lo consideran un intento por ocultar información para evitar la rendición de cuentas.
Otra de las grandes preocupaciones es el enorme poder que López Obrador le ha dado al Ejército para que se encargue de la construcción y operación de los megaproyectos de su gobierno.
Sin duda, este gobierno no cesa de construir un legado cada vez más opaco y menos democrático.
@AletiaMolina
