MÉRIDA, YUCATÁN.- El juez federal Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, giró unas órdenes de aprehensión, a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), contra 10 implicados en el caso de Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, acusados de supuesto lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada, además de ser máximo patrocinador y socio del Gobernador Mauricio Vila Dosal.
De acuerdo con Sol Yucatán, Vila no ha podido responder a los señalamientos de Sol Yucatán que lo vinculan con este delincuente de talla internacional, como quedó evidenciado con su reciente extradición de Costa Rica, arribando a tierras yucatecas precisamente a bordo del flamante jet privado que Mauricio Vila Dosal ha usado en múltiples ocasiones.
Se desconoce el actual paradero de sus conocidos prestanombres en la Península de Yucatán, Rodolfo Rosas Cantillo y Martínez Zapata, quienes “coincidentemente” rentan lujosas mansiones en el vecino país del norte, para tomarse un “conveniente año sabático”.
También es de recordar nuestra reciente denuncia de nuevos frentes de la red de empresas fantasma de estos personajes, en los “jóvenes empresarios” Salvador Hamdan y otros.
¿QUIÉNES SON LOS IMPLICADOS?
Eduardo Guerrero Durán, ex Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Paulo Uribe Arriaga, ex Director General de Administración.
Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales del OADPRS.
También aparecen Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, ex director general de Desarrollo Tecnológico; y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
Además de Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quienes presuntamente participaron en las empresas para la triangulación y lavado de dinero.
Según fuentes federales, la Fiscalía General de la República notificó al juez, el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras presuntamente vinculadas a Víctor Manuel Alvarez Puga, ese dinero provenía de dos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
El millonario desvío antes mencionado, se llevó a cabo desde la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong, durante el gobierno de Peña Nieto.
Estos contratos se firmaron para la compra del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, para habilitarse en penales federales y centros federales de readaptación social.
La Fiscalía General de la República busca encontrar a los culpables por el pago en sobreprecio de más de 60 mil millones de pesos, por la entrega de contratos con la Secretaría de Seguridad Pública a varias empresas del ramo constructor. Esto durante la construcción de un penal con capacidad para 20 mil internos, durante la administración de Felipe Calderón.
Inés Gómez Mont, su esposo y su cuñado Alejandro Álvarez Puga, habrían utilizado decenas de compañías fantasma para la evasión de impuestos, desvío de recursos públicos y operaciones de lavado de dinero.
AM.MX/fm
