*Atentar en contra de la soberanía de los administradores de justicia, equivale a dinamitar la estructura ética, moral y legal del entramado constitucional, para beneficiar el desquiciado proyecto del México de un solo hombre. Es momento de preguntarnos si los mexicanos lo permitiremos
Gregorio Ortega Molina
La procuración y administración de justicia tiene -para la preservación del Estado y prevalencia de la autoridad-, desde su concepción como instituciones que contribuirían al buen gobierno, dos vertientes: la constitucional, legal, jurisdiccional y normativa. Digamos la igualitaria para dar a cada cual lo suyo.
La otra, la que trasciende y justifica gestos como el de la gracia otorgada desde el poder y porque se puede; o actitudes como los oídos sordos o la organización de entramados entre grupos para adueñarse del poder, es la que obedece a decisiones estrictamente políticas. Recurren a ellas en todas las naciones y en los gobiernos de cualquier ideología y maña, lo mismo los demócratas que los autoritarios. Lo importante es la simulación de que se observa la ley y se cumple el mandato constitucional.
Lo que hoy ocurre en México es una afrenta sin límites, grosera, grotesca, destructora del entramado constitucional. Quieren a jueces, magistrados y ministros totalmente culiempinados, para acatar de manera ciega y obsecuente todas las indicaciones provenientes del Poder Ejecutivo. Es casi bíblico: tres poderes distintos, un solo hombre, el presidente de la República.
El atentado en contra de la soberanía del Poder Judicial de la Federación tiene características particulares, debido a que desde fuera les sembraron quintacolumnistas o colaboracionistas, como quieran llamarlos, cuyos jefes emblemáticos son, en la SCJN, el presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, y en el TEPJF (todavía) José Luis Vargas, que está jaqueado por sus pares, pues intuyen que lo que viene en el futuro inmediato es la conculcación de muchas libertades, pero sobre todo de la administración de justicia. Ahí está el atorón del combate a los corruptos, beneficiarios del criterio de oportunidad.
El verano de la soberanía del Poder Judicial inició con la reforma de 1994, y terminó con la agraviante visita de Fernando Gómez Mont a la SCJN, para incidir en el resultado de la investigación de lo ocurrido en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños y un número importante resultó con lesiones que disminuyen su capacidad de vivir con ganas de hacerlo.
Los “ofensivos” encuentros entre Andrés Manuel y Arturo Zaldívar, precisamente ocurridos en períodos de tensión y crisis, a lo que habrá de sumarse el nombramiento de Yasmín Esquivel Mossa, como obsequio al conocido constructor y contlapache de Andrés Manuel, José María Riobóo.
Acusan de corruptos a jueces, magistrados y ministros, y los que hoy traicionan la soberanía del Poder Judicial y disminuyen las oportunidades de dar a cada quien lo suyo, al actuar como quintacolumnistas o colaboracionistas, ¿no son corruptos ni corruptores?
Atentar en contra de la soberanía de los administradores de justicia equivale a dinamitar la estructura ética, moral y legal del entramado constitucional, para beneficiar el desquiciado proyecto del México de un solo hombre. Es momento de preguntarnos si los mexicanos lo permitiremos.
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Inexplicable resulta el cambio en Gobernación, pues esa secretaría dejó de equivaler al ministerio del interior. Carece de la autoridad moral y legal y la fuerza constitucional para negociar y/o imponer el orden político. Lo siento por Adán Augusto López, que dejó su feudo para venir a custodiar un puercoespín.
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Parece ya un pleito de verduleras el que se traen Andrés Manuel y Ricardo Anaya. El primero degrada la institución que representa y se le prestó por seis años, ni un minuto más, además de torcer el debido proceso, mientras al segundo le falta inteligencia para defenderse, pues es inocente hasta que demuestren y exhiban su culpabilidad.
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