CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras en otros países se reducen los impuestos a las empresas, como una media para atraer inversión y generar empleo post-pandemia, México cobra uno de los impuestos sobre la renta más elevados y forzará al pago de un reparto de utilidades (PTU) topado, afirmó Armando Leñero Llaca, Presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).
¿Por qué vulnera ésta medida a las pequeñas empresas?
El impuesto sobre la renta en México es de 30%, además de un impuesto de 10% a los dividendos. Ya la carga es alta, pero ahora se agrega un pago de reparto de utilidades -otro tipo de impuesto- topado a tres meses.
Con esta medida “le bajan la carga en pago de esta prestación a las empresas que ganan más, y se los incrementan a las que menos posibilidades –en términos de recursos- tienen de cubrir esta prestación”, precisó Leñero.
Agregó que esto acorrala a las empresas a moverse a la informalidad o dejar de trabajar porque no les alcanza. Leñero Llaca recordó que México es un mercado donde 4.9 millones de los negocios son MiPyMES y poco más de un millón de esos establecimientos han desaparecido por la pandemia, según cifras del INEGI.
“Además de contrarrestar la competitividad de las PyMES, resulta que el Gobierno no da a cambio una prestación de servicios pública eficiente, y ampoco genera otro tipo de estímulos fiscales”, apuntó.
¿Cómo se relaciona esto con la subcontratación?
“El problema de fondo es que ponen esta medida como el canal para pasar directo a la eliminar la subcontratación, que es lo que debería evitarse a toda costa, por los empleos formales que se generan a través de este esquema, cuando se actúa en la legalidad, y se perderían”, dijo Leñero.
Precisó que no medir las consecuencias de este esquema habla de la escasa representatividad e interés que organismos, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), tienen en las micro y pequeñas empresas en el país, que generan más de 70% del empleo.
Es fundamental comprender -acotó Leñero Llaca- que si bien algunas firmas que ofrecen servicios de subcontratación han actuado de forma ilegal, respecto al reparto de utilidades, las leyes son claras sobre cómo actuar.
“Tener que cubrir un costo más alto (en PTU), implica más regulación, más complicación y confusión entre empresarios que están a punto de ‘soltar la toalla’ por las pérdidas y los altos costos que deben cubrir”, explicó el directivo.
CEEF propone
Una mejora regulatoria en la normatividad mercantil y laboral para acelerar la creación de fuentes de empleo en el país. Bajo este objetivo, terminar con la subcontratación implicaría:
Acelerar el paso a la informalidad de millones de empresas.
Se atenta contra el Art. 5º. Constitucional: “a ninguna persona podrá impedirse que se dedica a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito”
La coyuntura de salud actual, agudizada por una economía mexicana débil, lejos de flexibilizar el mercado para que más mexicanos gocen de protección, lo hará más complejo.
AM.MX/fm
